SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado una normativa que busca “garantizar la protección de los datos personales en el traslado de documentos aportados en expedientes administrativos a las personas interesadas para cumplir con los trámites de alegaciones, audiencia o similares previstos en la normativa aplicable en cada caso”.
“Complementariamente”, con esta regulación “se prevén garantías para la protección de los datos personales al resolver sobre solicitudes de acceso a la información pública, conforme a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.
Así se recoge en un acuerdo de la Mesa del Parlamento con fecha del pasado 12 de febrero de 2025, consultado por Europa Press, por el que se aprueba la norma sobre garantía del derecho a la protección de datos en los procedimientos administrativos y en el procedimiento relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Dicho acuerdo parte de la premisa de que, “en la era digital actual, el derecho a la protección de datos personales ha adquirido una relevancia fundamental”, y “la creciente cantidad de información que se maneja en los procedimientos administrativos exige medidas rigurosas para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos personales”.
Asimismo, se precisa que la norma aprobada “se fundamenta en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Esta norma, además, “se alinea con el principio de minimización de datos, que establece que los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”, detalla también el acuerdo de la Mesa del Parlamento, en el que se defiende además que con esta normativa “se respeta el principio de proporcionalidad, asegurando que el tratamiento de datos personales no exceda lo estrictamente necesario para la finalidad perseguida”, y se “busca establecer un marco para llevar a cabo el proceso de disociación de datos que, en su caso, corresponda, orientado a garantizar el equilibrio necesario entre el derecho a la protección de datos y los demás derechos e intereses de la ciudadanía”.
Así las cosas, la norma aprobada “se aplicará al personal al servicio del Parlamento de Andalucía en el desarrollo de la actividad administrativa de esta institución y de la actividad que tenga como fin cumplir con las normas relativas al derecho de acceso a la información pública por las que se rige la Cámara”.
CONSIDERACIONES A LA HORA DE APORTAR DOCUMENTACIÓN
En virtud de lo acordado por el Parlamento, se ha determinado que, “en los trámites de alegaciones, audiencia y análogos previstos en la normativa reguladora de los procedimientos administrativos, cuando se deba dar traslado de documentos a las personas interesadas”, la administración parlamentaria “podrá facilitar aquella documentación del expediente en la que no aparezcan datos personales”, así como aquella “en la que consten exclusivamente datos de la persona que la haya solicitado”.
“En los demás casos, cuando la documentación de la que proceda dar traslado contenga datos personales”, se aplicarán una serie de reglas como la de que “no se facilitarán las categorías especiales de datos previstas en el artículo 9 del Reglamento general de protección de datos, salvo que se aporte el consentimiento expreso de los terceros afectados o que concurra alguna otra de las condiciones de exclusión de la prohibición de tratamiento que recoge el artículo 9.2 de dicha norma”.
Con respecto a las demás categorías de datos personales, la nueva normativa establece que, por parte del Parlamento, “podrán ser comunicados aquellos datos que hayan sido objeto de publicidad de conformidad con la normativa aplicable”, y, en el caso de “los documentos que incorporen información identificadora de las personas que hayan intervenido en la tramitación del procedimiento por razón de su cargo, se podrán comunicar los datos personales indispensables para identificar su adscripción al cargo, tales como el nombre y apellidos, lugar de trabajo que ocupan u otros datos vinculados a su intervención en el proceso, omitiendo aquellos otros, como su número de documento nacional de identidad” que “resulten innecesarios a tal fin”.
En relación con los documentos que incorporen “otro tipo de datos personales”, estos “solamente se comunicarán tras un proceso de ponderación, atendiendo a los principios de necesidad, proporcionalidad, adecuación y minimización”.
Y, cuando “no proceda comunicar los datos personales, solamente se podrá dar traslado de la documentación si se efectúa previamente la disociación de dichos datos, de modo que se impida la identificación de las personas a las que se refieran”, continúa exponiendo la norma aprobada la semana pasada.
ANTE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Por otro lado, sobre los “criterios de actuación al responder a solicitudes de acceso a la información pública”, se especifica que, “en aquellos supuestos en que la información que se deba proporcionar contenga datos personales, deberá tenerse en cuenta” que, “si los datos se refieren a ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá conceder en caso de que se obtenga el consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada, o bien si esta hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad”.
“Si los datos se refieren a origen racial, salud o vida sexual origen racial, a la salud o a la vida sexual, o bien si se trata de datos genéticos o biométricos o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no supongan amonestación pública al infractor, será necesario para conceder el acceso el consentimiento expreso de la persona afectada o que exista una norma con rango legal que permita el acceso”, detalla también la regulación acordada en el seno del Parlamento andaluz.
En ella también se indica que “si se trata de datos del personal al servicio del Parlamento de Andalucía meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad administrativa” de la Cámara autonómica, “se concederá el derecho de acceso, salvo que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos”.
Si los datos “no tuviesen la condición de especialmente protegidos, debe realizarse una ponderación del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados”, precisa la norma, que especifica que se tendrán en cuenta, entre otros criterios, “la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o en el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos”.
Además, la norma aprobada indica que para la “ponderación de los derechos e intereses en juego”, se podrá “dirigir consulta al delegado o delegada de protección de datos del Parlamento” en “aquellos supuestos cuya resolución pudiera representar mayor complejidad jurídica”.
Finalmente, una disposición adicional del documento aprobado determina que, “si en algún caso se estima que la presente norma entra en conflicto” con el Reglamento general de protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o la normativa sectorial del Estado relativa a protección de datos, “se aplicará preferentemente la norma que garantice mayor nivel de protección del derecho a la protección de datos personales”.
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