SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) se ha mostrado crítica con los mecanismos de participación en materia de agua y medioambiente en el Consejo Andaluz del Agua celebrado este miércoles en Sevilla. En el principal órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua, la Mesa ha declarado que, a pesar de que perciben “ligeros avances” en los últimos procesos de consulta pública, “persiste la inclinación de la Administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz”.
Ante ello, y según refleja UGT-A en una nota, la Mesa Social del Agua insiste en que la información pública y la participación activa deben ser dos de los principios fundamentales en los que se apoye la gestión y planificación de los recursos hídricos, de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos.
“Sin embargo, tal y como ya denunció en Bruselas en el año 2023, las funciones de los órganos de participación reglada, establecidos en los últimos años por imperativo legal, chocan con las reticencias o el rechazo por parte de los representantes políticos y de los equipos técnicos, que frecuentemente los consideran meros apéndices de la estructura político-administrativa”, ha lamentado.
El conjunto de las organizaciones que forman parte de esta Mesa Social del Agua de Andalucía, continúa UGT-A, defiende que la mayoría de estos órganos se convocan generalmente para refrendar decisiones tomadas de antemano por la Administración y no para llevar a debate social “los temas realmente candentes y que interesan a los agentes sociales”.
Según UGT-A, la Mesa del Agua critica que, en las reuniones de estos órganos, la mayoría de los miembros se limiten a votar o a asentir, con “escaso conocimiento y trabajo previo” sobre los proyectos, planes o informes, “sometidos a mera consulta, sin tiempo y espacio suficientes para desarrollar debates ni enriquecerlos con prácticamente ninguna aportación”. “Además, cuando se producen estas propuestas de modificación, son frecuentemente laminadas por la apabullante mayoría de votos con que cuentan las Administraciones en estos órganos”, incide.
La Mesa considera que la Junta de Andalucía ha venido promoviendo un modelo “aparentemente participativo” que funciona “de forma arbitraria y errática”, que se ha reunido significativamente “en pocas ocasiones”, y cuyos resultados “han tenido escasa plasmación real en los procesos de planificación relacionados con el agua”. A pesar de que se ha ampliado su número, constituyendo nuevos órganos de participación, recrimina que no se ha mejorado su operatividad.
La “imposibilidad práctica” de participar ‘ab initio’ (desde el principio) en el diseño de las propuestas de la Administración, según los ugetistas, “acentúa aún más el desistimiento de sus miembros a la hora de prestar una colaboración activa y útil”. La MSA considera que este modelo participativo se opone a los principios establecidos por el Convenio Aarhus y por la Ley 27/2006, de 18 de julio, “por la que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que traspone a la normativa nacional dicho Convenio”.
SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ
La organización ha puesto como ejemplo la segunda reunión del Consejo Andaluz del Agua, celebrada hoy 12 de marzo (tras su constitución formal el 22 de febrero del año 2022), “un órgano cuyas reuniones deben ser, al menos, anuales (art. 12 del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre), pero cuya primera y única convocatoria hasta ahora tuvo lugar el pasado 1 de febrero de 2023”.
En esta sesión, según UGT-A, la Administración viene a informar del inicio de una nueva revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias sobre las que ostenta competencias. En este sentido, el sindicato afea que, “una vez más, informa sobre los proyectos de revisión de los planes hidrológicos y de los proyectos de planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas andaluzas cuando ya está concluido el periodo de información pública y tras el análisis de las alegaciones presentadas”.
Ha señalado que estos planes “no se someten a consideración de los miembros del Consejo porque ya se habían votado previamente en los Consejos del Agua de cada Demarcación Hidrográfica”, y critica que tampoco se abordan “las materias que han suscitado más interés y polémica, y por supuesto no se abre debate alguno”.
Por otro lado, la MSA advierte que “una vez más” se ha desaprovechado la oportunidad en este mismo Consejo Andaluz del Agua de considerar la importancia de la revisión del Plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir y de la gestión de los recursos hídricos que marca el vigente plan (competencia del Estado en este caso), “aun cuando este río supone la parte principal de los usos consuntivos (particularmente de regadío) de Andalucía”.
El orden del día del Consejo incluye también la presentación de un informe sobre los procesos de revisión de los instrumentos de planificación del riesgo de inundación en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía; la actualización de los Mapas de Peligrosidad del Guadalhorce y la Revisión de la evaluación preliminar de riesgo de inundación.
AVANCES EN LOS PLANES DE GESTIÓN ANTE INUNDACIONES
En opinión de la Mesa, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) contienen algunos avances como reconocer las necesidades de mayor coordinación y planificación de las autoridades de Protección Civil y de los planes municipales de emergencia ante el riesgo de inundación o la mejora de los sistemas de alerta temprana y de comunicación a la población, aunque puntualiza que son “excesivamente tímidos y van a un ritmo demasiado lento”.
Por último, la Mesa denuncia que en la convocatoria del Consejo quedan fuera del orden del día, sin información ni puesta a debate social, elementos “fundamentales” de la política del agua “que interesan a toda la sociedad, y que se van desarrollando con opacidad y sin participación del conjunto de los agentes sociales”.
Entre estos “importantes” temas, cita el proceso de implementación de la estrategia andaluza de aguas regeneradas, la evolución “errática” de las decisiones sobre el canon autonómico de abastecimiento y saneamiento o las “importantes repercusiones” en el dominio público hidráulico de la política minera.
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