SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Un total de 92 empresas se adhirieron al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía a lo largo del año 2023, elevando el número a 5.326 empresas. La adhesión al SAC permite al profesional o la empresa ostentar el distintivo oficial y obligatorio, lo cual supone una marca de calidad que indica que se ofrece una garantía añadida a las personas consumidoras y usuarias.
Si una empresa o profesional está adherido al Sistema Arbitral de Consumo (SAC), cuenta con una imagen de seriedad, credibilidad, profesionalidad, una ventaja competitiva y, en definitiva, una garantía adicional, informa la Junta a través de una nota de prensa.
Cada vez son más las empresas conscientes de las ventajas del arbitraje para resolver conflictos de forma extrajudicial, suponiendo por ello no sólo un ahorro económico, sino también un procedimiento de carácter público y gratuito para la resolución de conflictos de manera eficaz, sencilla y con efectos vinculantes y ejecutivos.
Hay que destacar que la Junta de Andalucía renovó el pasado año su condición de entidad de resolución alternativa de litigios acreditada ante la UE, y la Administración autonómica fue la institución pionera a nivel andaluz en incorporarse al listado nacional.
En la web de Consumo Responde (‘www.consumoresponde.es’), las empresas cuentan con toda la información necesaria y los pasos a seguir para adherirse al Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, en la referida web puede consultarse un listado de las empresas incorporadas al SAC en Andalucía, incluyendo un buscador con diferentes parámetros (NIF, número del distintivo, razón social, grupo de actividad y nombre comercial).
Cabe recordar además que en el décimo Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía, celebrado a finales del pasado noviembre, se abordaron, entre otros aspectos, casos internacionales del arbitraje de consumo, como en Portugal o en Reino Unido, así como se estudiaron mecanismos para favorecer y/o incrementar la adhesión de empresas al Sistema Arbitral de Consumo en sectores estratégicos –y con una considerable tasa de conflictividad–, como las entidades financieras y las grandes superficies.
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