SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha rechazado la solicitud planteada por la representación procesal de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo –Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán– de decretar el “sobreseimiento” de la causa derivada de la querella admitida a trámite en dicha instancia judicial por contratos del SAS tramitados por procedimiento de emergencia entre los años 2021 y 2024, así como elevar a 15.000 euros el importe de la fianza planteada para cada uno de los 30 diputados del Grupo Socialista que suscribieron dicha denuncia.
Así lo ha anunciado en una nota el PSOE-A, que “ha tenido conocimiento” este viernes de “la comunicación del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el que se niega la pretensión esgrimida por la defensa de los gerentes investigados de que se archivara la presente causa al entender el juez, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, de que faltan importantes diligencias por practicar en la presente investigación”.
“Al mismo tiempo, el juez, avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción”, ha acordado denegar “los intentos de ampliar la fianza a 15.000 euros por parlamentario, y entiende proporcionado y ajustado a derecho los 5.000 euros impuestos inicialmente al conjunto” de diputados socialistas, han explicado también desde el PSOE-A.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que ha tomado esta decisión responde al escrito que, con fecha del pasado 18 de diciembre, presentó la representación procesal de la gerente del SAS y sus dos predecesores, como “réplica al incierto e injusto relato incriminatorio que se promueve por los querellantes con ocasión de las tramitaciones de emergencia de los contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud objeto de estas actuaciones”, según se podía leer en dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press.
De esta manera, la representación de los exgerentes y la actual gerente del SAS pedía al citado juzgado que, a “la luz de lo expuesto” en su escrito, “se acuerde el archivo de la causa”, así como que, “en virtud del artículo 280 de la Lecrim” –Ley de Enjuiciamiento Criminal–, se requiriera a cada uno de los querellantes a través de su representación procesal en la causa para que prestase cada uno de ellos fianza “por importe de 15.000 euros a fin de responder frente a cada uno de los investigados de las consecuencias económicas del resultado de este proceso”.
INADMISIÓN DE AMPLIACIÓN DE QUERELLA DE LOS DIPUTADOS DEL PSOE-A
Por otro lado, desde el PSOE-A han reaccionado al auto conocido este viernes, también del mismo Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que acuerda inadmitir a trámite la ampliación de querella formulada por los diputados del Grupo Socialista el pasado mes de diciembre, en relación a contratos del SAS tramitados con un uso supuestamente “inadecuado” del procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de Covid-19 en distintas provincias andaluzas.
El juez ha acordado la inadmisión de esa ampliación de querella al entender que “la competencia para conocer de cada uno” de dichos contratos “corresponde al Juzgado de Instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos”.
De esta manera, desde el PSOE-A han defendido que, con ese auto, el citado juzgado de instrucción “deriva la segunda ampliación de querella planteada por los parlamentarios socialistas por los contratos de emergencia firmados por los gerentes de las plataformas provinciales, a los Juzgados de Instrucción de las provincias en las que se suscribieron los respectivos contratos”.
En este sentido, desde el PSOE-A subrayan en su comunicado que “el juzgado inadmite la ampliación de la querella hacia los responsables provinciales de las plataformas de contratación por razón de competencia del juzgado”, de forma que “la autoridad judicial estima que, sin poner en duda los indicios delictivos, el análisis de estos contratos provinciales les corresponde a los Juzgados de Instrucción provinciales”.
De ahí que –continúa el comunicado del PSOE-A– “la defensa jurídica del Grupo Socialista estudie ahora las iniciativas judiciales más adecuadas para que esos contratos de emergencia sean investigados por la justicia lo antes posible”.
Para el PSOE-A, “estos contratos ponen de manifiesto que las prácticas irregulares se extendieron como una mancha de aceite a lo largo de toda Andalucía y de todo el Servicio Andaluz de Salud, sin que desde el Gobierno” de Juanma Moreno (PP-A) “se hayan dado las explicaciones oportunas”.
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