SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que se pide el rechazo de la institución “al proceder del Gobierno de España que ha originado un escenario de corrupción sistémica y deterioro institucional y democrático en instituciones y organismos del estado que venían desarrollando su labor atendiendo al interés público y no al propio y partidista” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Asimismo, se pide que el Parlamento muestre su “repulsa por la deriva antidemocrática emprendida por el Gobierno de España con la que contraviene el ordenamiento constitucional, cercena el estado de derecho y desatiende los verdaderos problemas de los ciudadanos, conduciendo a una situación de absoluto descrédito de instituciones básicas y del prestigio del Gobierno y del país”.
Se plantea que el Parlamento manifieste su “disconformidad con el intento constante por parte del Gobierno de España de doblegar, controlar y someter a sus intereses personales y partidistas al poder Judicial, ya sea a través de reformas legislativas infames o con actos dispositivos injustos con fuerza de ley, así como a través de campañas de descrédito inadmisibles a los miembros de la carrera judicial”.
El PP-A también demanda el rechazo del Parlamento a cualquier iniciativa legislativa ya sea del Gobierno Central o de los partidos políticos que lo sustentan, “que pretenda y suponga un menoscabo o vulneración de la actual legalidad penal vigente, en el sentido de pretender impedir la acción popular o dar privilegios procesales o incluso impunidad a personas del entorno del propio Gobierno Central, buscando una amnistía encubierta, vulnerando la igualdad de todos los españoles ante la ley, y, todo ello, pese existir ya las debidas garantías procesales en el estado social y democrático de derecho”.
Se pide además la desaprobación de la Cámara andaluza “al acoso al poder judicial por constituir una grave amenaza al estado de derecho y a la independencia judicial, así como por su incompatibilidad con el marco constitucional español y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, especialmente en lo relativo a favorecer la impunidad y debilitar las herramientas existentes en la lucha contra la corrupción”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Gobierno central, con Pedro Sánchez a la cabeza, “lejos de colaborar con la justicia para esclarecer los casos de corrupción que le afectan directamente, y lejos de asumir sus responsabilidades políticas, ha diseñado toda una estrategia de desinformación y una operación de hostigamiento y de encubrimiento a costa, incluso, de poner en peligro el prestigio de instituciones básicas del estado a mínimos históricos e inéditos como es, por poner un ejemplo, la Fiscalía General del Estado y de hacer uso partidista de otras teniendo la Moncloa como epicentro de la guerra sucia contra adversarios políticos”.
En este sentido, según el PP-A, la estrategia “de acoso y derribo que está desplegando el Gobierno de España hacia el poder judicial es sencillamente inadmisible”. “Cualquier intento de condicionar la actuación de los órganos jurisdiccionales a través de cambios legislativos orientados a debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, representa una amenaza directa al sistema de pesos y contrapesos que asegura el equilibrio institucional”, según apunta.
“Resulta inaceptable desde cualquier perspectiva democrática, que se proceda a la alteración de las normas con el único propósito de favorecer intereses particulares del presidente del Gobierno”, indica el PP-A, que considera que España se encuentra en “una situación de extraordinaria dificultad”.
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