SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado este jueves que es “rotundamente falso” que el Gobierno no ofrezca apoyo a Andalucía para el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
“El Gobierno de España ha destinado, a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia más de 51 millones de euros para la digitalización de la justicia en Andalucía”, ha afirmado Fernández en una nota remitida a los medios de comunicación.
“Estos fondos tienen como objetivo desarrollar infraestructuras digitales esenciales que permitan la aplicación efectiva de la Ley de Eficiencia”, ha proseguido afirmando en este sentido.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha afirmado este jueves en Córdoba que “estamos en una situación en la que tenemos que desarrollar, por ejemplo, la Ley de Eficiencia en Materia de Justicia”, pero “el Gobierno de España, el ministro de Justicia y la ministra de Hacienda nos niegan cualquier tipo de apoyo económico para implantar un servicio que es conjunto, pues es del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, como es el Servicio Público de Justicia”.
El delegado del Gobierno ha esgrimido igualmente la existencia de un programa, financiado con 10,9 millones de euros de fondos europeos, destinado a la implantación del nuevo modelo organizativo, de cuya repercusión ha destacado que ha sido una iniciativa “tan valorada, que todas las comunidades han solicitado su prórroga”, por lo que ha blandido “su utilidad y necesidad”.
“Estos fondos tienen carácter finalista, por lo que la Junta de Andalucía tiene obligación de destinarlos a la modernización judicial, es decir, deben invertirse en la adaptación de los sistemas al nuevo modelo procesal y organizativo previsto en la Ley de Eficiencia”, ha sostenido Pedro Fernández.
Quien se ha preguntado si el Gobierno andaluz “no está utilizando estos fondos para tal fin”, en cuyo caso ha inferido que “el consejero debería explicar en qué se están gastando y cómo se están ejecutando los recursos transferidos por el Estado”.
Fernández ha sostenido igualmente que el Ministerio de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes ofrece “sin coste” herramientas fundamentales para el funcionamiento del Servicio Público de Justicia en Andalucía, entre los que ha mencionado los programas Acceda, Orfila o Cita Previa.
“En 2023 el coste de estos servicios ascendió a 15.419.362,46 euros, y en 2024 ya alcanzaba los 7.957.765 euros, con datos hasta mediados de noviembre”, ha afirmado sobre su contribución económica.
“El consejero debe decir la verdad sobre el retraso de la Comunidad en la implantación de la nueva oficina judicial, que es evidente que está provocado por la inacción de la Junta de Andalucía en la implementación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ)”, ha argumentado Fernández sobre el papel de la Administración autonómica al respecto.
El delegado del Gobierno en Andalucía ha sostenido que “la administración andaluza debería haber diseñado y ejecutado hace años un plan para su despliegue en lugar de retrasar su aplicación hasta el punto actual”.
Ha recordado seguidamente que “solo ha desarrollado el modelo en dos partidos judiciales de los 85 existentes, lo que representa menos del 2% del total y una grave dejación de funciones”, antes de advertir que es “algo que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco”.
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