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El Gobierno afirma que por ahora no sancionará a los comercios que no cumplan con el decreto de ahorro energético

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Promete subvenciones después de que solo 10% de estes establecimientos en España hayan podido adaptarse

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “será flexible” y no sancionará inmediatamente a los comercios que no se hayan adaptado para cumplir con el decreto de ahorro energético del pasado mes de agosto y por el que se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas, algo que solo ha realizado un 10% de los establecimientos del país, según la Confederación Española de Comercio (CEC).

“Siempre hemos dicho que el plan de ahorro es importante que lo vayamos desplegando, pero vamos a ser consecuentes con los tiempos que necesitan para adaptarse y como digo vamos a aprobar unas ayudas directas, unas subvenciones para que puedan acometer estas mejoras”, ha sostenido Maroto en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

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La ministra ha asegurado que el Ejecutivo va a ser “flexible” y ha elogiado la actitud del comercio, que ha dicho “ha entendido la urgencia” del momento. “Creo que (el decreto) ha sido una medida necesaria para hacer frente a esta seguridad energética que necesitamos ante el chantaje de Putin, los comercios se han sabido adaptar muy bien, por ejemplo en la climatización” ha enfatizado.

Ante la situación, Maroto ha indicado que se van a “reforzar los recursos para poder financiar estos costes” que afrontar para cumplir con el decreto “y que los comercios puedan tener tiempo, pero tambien contar con subvenciones para costear esta mejora”.

La semana pasada, la CEC reclamó una moratoria de tres meses porque el sector necesita un “plazo realista y razonable” para acometer estas modificaciones, ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación. Para acometer estas modificaciones, la patronal estima la necesidad de unos 200 millones de euros.

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