MELILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha destacado desde Melilla que el sistema electoral en España “es un buen sistema” después de intervenir en intentos de “compra de votos” por el voto por correo registrados el pasado 28 de mayo en algunas ciudades, entre ellas la propia Melilla o Mojácar (Almería), y ha subrayado que las actuaciones que se tomaron para evitar cualquier intento de fraude “es el ejemplo de que las instituciones funcionan”.
En declaraciones a los periodistas desde la ciudad española del norte de África, donde participa en las XXVIII Jornadas jurídicas ‘Enrique Ruiz Vadillo’ que organiza la UNED de Melilla, Álvaro García Ortiz ha destacado que los órganos electorales y judiciales “hemos sido capaces de detectar desde muchos aspectos y muchos lugares cómo puede haber una mala utilización de los sistemas electorales y por supuesto corregirlos”.
Álvaro García Ortiz, que ha evitado pronunciarse sobre cómo va la investigación de la supuesta compra de votos en Melilla tras ordenar a la Fiscalía Anticorrupción que llevara el caso en la ciudad tras una operación policial y judicial que se saldó con diez detenidos, entre ellos un consejero del Gobierno melillense perteneciente a Coalición por Melilla (CPM), ha asegurado que lo importante es que en España “tenemos un buen sistema electoral” que corrige cualquier intento de fraude.
El fiscal general del Estado, que ha impartido este miércoles la ponencia ‘El Ministerio Fiscal. Una visión de futuro’, con la moderación de la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, ha explicado que “los asuntos que están bajo la lupa judicial y están siendo investigados, es un deber nuestro mantener la discreción y entender que el campo de trabajo e investigación es el proceso y a él nos debemos los fiscales”.
Al respecto, y sobre los hechos que han rodeado a la supuesta compra de votos a través del voto por correo, ha reconocido que “nos gustaría poder decir más cosas, ser más explícitos o poder contradecir alguna de las cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, pero nuestro trabajo es por y para el proceso, y por eso yo creo que es conveniente mantener la discreción propia del respeto a las investigaciones judiciales”.
No obstante, ha querido resaltar que en España las instituciones han sido capaces de evitar cualquier intento de comisión de irregularidad en sus procesos electorales y puso el ejemplo de Melilla porque “debemos estar de alguna manera, no me atrevo a decir satisfechos, pero es el ejemplo de que las instituciones funcionan”.
COMPRA DE VOTOS A 150 EUROS
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargó a Anticorrupción el pasado 26 de mayo, a dos días de las elecciones municipales, que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto “a gran escala” en Melilla debido a “su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular” en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.
García Ortiz expuso que, “suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha Fiscalía Especial”.
El decreto detallaba que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional –que han dado lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla– “han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.
Precisa que “esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla”.
“Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”, indica.
Todo ello, apuntaba el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
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