SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento andaluz ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP-A, la abstención del PSOE-A y el rechazo de Vox, el dictamen sobre la proposición de Ley del Consejo Consultivo de Andalucía registrada por el Grupo Popular en la Cámara andaluza y actualmente en fase de tramitación parlamentaria.
Según defendió el PP-A cuando registró esta proposición de ley, esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de actualizar la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, debido a que, desde su aprobación en el año 2005, se han producido “importantes novedades legislativas” en Andalucía, tales como la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 9/2007, de 24 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como diversas y numerosas normas sectoriales con incidencia en la función consultiva.
La iniciativa del Grupo Popular propone, entre otras cuestiones, que “aquellas personas que hayan desempeñado el cargo” de presidente de la Junta de Andalucía sean “consejeros permanentes” del Consejo Consultivo “hasta que cumplan setenta y cinco (75) años de edad”, que son diez más respecto a la edad que se contempla en la vigente Ley 4/2005. El nombramiento de los mismos se efectuaría “por decreto del Consejo de Gobierno, a solicitud de la persona interesada”, y su dedicación sería “con carácter exclusivo y a tiempo completo”.
La iniciativa subraya que el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce al Consejo Consultivo como “órgano de relevancia estatutaria”, y lo incluye “entre sus instituciones básicas de autogobierno”, en “consonancia con la posición que le corresponde como superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno, de la Administración de la Junta de Andalucía, de las entidades locales, de las Universidades públicas andaluzas y de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta”.
En el debate previo a la votación del dictamen, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha defendido la conveniencia de aprobar “una nueva ley para una institución cuya normativa era anterior al vigente Estatuto de autonomía”, y ha agradecido el “intenso trabajo” del portavoz del Grupo Socialista, Víctor Torres, para llegar a acuerdos en torno a esta iniciativa.
En esa línea, el representante del PP-A ha celebrado que “seguimos avanzando” y “entre todos estamos haciendo un buen trabajo”, y ha subrayado que el Consejo Consultivo “presta servicio a muchas instituciones”, y los grupos parlamentarios están por ello “obligados a sentarnos y a seguir avanzando” para llegar a acuerdos con los que se mandaría “un mensaje” a la sociedad que sería “bueno”, sobre esa posibilidad de alcanzar consensos en torno a leyes como ésta “más allá del ruido”, según ha valorado.
POSICIONAMIENTO DEL PSOE-A
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Víctor Torres ha considerado que esta ley “emana del mandato del Estatuto” de Autonomía y conlleva “una importancia manifiesta en relación a las técnicas jurídicas que las administraciones y otros entes de derecho público tienen que tener” como “referencia a la hora de la gestión de expedientes administrativos importantes para la defensa de derechos de la ciudadanía”.
En esa línea, ha apuntado que, “más allá de la apariencia de nueva ley que quiere dar el PP”, desde el PSOE-A ven esta iniciativa como “una reforma de la ley actual” y una “actualización de determinados preceptos”.
No obstante, ha advertido de que el Grupo Socialista aún quiere seguir trabajando para llegar a un “acuerdo final” con el PP-A para garantizar que el Consejo Consultivo “siga viviendo en situación de objetividad”, de “imparcialidad” y de “no estar sometido a la injerencia del Gobierno”.
RECHAZO DE VOX
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha justificado el rechazo de su grupo a esta proposición de ley a la que no ha presentado enmienda a la totalidad “porque reglamentariamente no era posible”, según ha apuntado.
En esa línea, ha indicado que Vox se opone “a la ley en sí misma y, sobre todo, a su espíritu”, desde el convencimiento de que en torno a esta iniciativa hay “un pacto claro entre PP y PSOE” cuya “finalidad real” tiene que ver con “establecer la Oficina de los expresidentes de la Junta”, según ha opinado antes de criticar que se quiera “utilizar una norma como ésta como cortina de humo para esconder su objetivo real”.
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