SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a las consejerías de Salud y Justicia de la Junta de Andalucía la “elaboración” y “aprobación” de un convenio específico de colaboración para “impulsar y mejorar” las “actuaciones” sanitarias –con especial incidencia en lo referente a salud mental– para los jóvenes que están en Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI).
En una resolución emitida por la Defensoría consultada por Europa Press, el responsable de este organismo, Jesús Maeztu, recuerda que en diciembre de 2014 se remitió al Parlamento el informe ‘La atención de menores infractores en centros de internamiento de Andalucía’ y que “una vez transcurrido un plazo adecuado –una década– procedía realizar las actuaciones que permitan el seguimiento de las medidas”.
Tras recibir sendos informes de seguimiento por parte de las consejerías de Justicia y Salud, el Defensor del Pueblo “corrobora la adecuada cobertura de la atención sociosanitaria” ya que los menores de los centros de internamiento están “incorporados a los recursos adscritos al ámbito territorial del centro de internamiento en el que ingresan y que facilitan las prestaciones previstas”.
En esta línea, el informe de la Defensoría apunta, eso sí, que “los aspectos relacionados con la salud mental ocupan un lugar preferente”, un problema que ha adquirido una “dimensión especial debido a la confluencia de dos factores principales. De un lado, los efectos derivados de la pandemia que apenas están aflorando tras los impactos que esta situación generó”. En segundo término, “la sociedad va ganando conciencia sobre la importantísima dimensión que adquiere la salud mental y el importante reto que pesa en el sistema sanitario para dotarse de los recursos necesarios que permitan atender las necesidades de la población en esa delicada cuestión”.
El Defensor argumenta que “antes de llegar a la represión penal, los menores suelen hacer un recorrido con constantes llamadas de atención en el que la escasa respuesta de la sociedad y de las administraciones abren camino hacia el Juzgado de Menores”. Aunque “resulta arriesgado ofrecer premisas generalizadoras”, los problemas de comportamiento de los jóvenes infractores están “estrechamente presentes en los incidentes que protagonizan y que terminan adquiriendo una dimensión penal”.
En este punto, Maeztu apunta al consumo de drogas como “una constante que origina estas conductas o bien agrava sus resultados”. “No deja de sorprendernos cómo algunas familias acuden desesperadas solicitándonos que hagamos algo por su hijo. Saben que su destino no augura nada bueno”, lamenta, para apostillar a continuación que “el sistema de justicia juvenil no puede ser la puerta de atrás para la atención de los problemas de salud mental”. “No es justo ni razonable que hayamos de esperar a que una persona menor de edad cometa una actuación delictiva para que ésta pueda hacer efectivo su derecho a recibir una atención especializada en materia de salud mental”, sentencia.
Ante esta realidad, el Defensor del Pueblo Andaluz aboga por una mayor coordinación en forma de convenio entre las consejerías de Salud y Justicia para fijar “procedimientos homogéneos de intervención en la atención ambulatoria de drogodependencias y de salud mental”. “La coordinación es esencial para garantizar la continuidad y coherencia de estas intervenciones con carácter general”, apunta.
La Consejería de Justicia explica en su informe al Defensor que “el mapa de recursos de Justicia juvenil relativo a menores infractores ha variado respecto al del contexto temporal del informe del Defensor del menor 2014”. “Los menores cuentan con asistencia prestada directamente en el centro por los profesionales sanitarios que precisan, médicos, psiquiatras, psicólogos cínicos, DUES u otro personal sanitario, asimismo, el centro garantiza en todo caso la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento en salud mental de aquellos menores que lo precisen, bien por tener diagnosticado previamente un trastorno mental o bien por presentar conductas o sintomatología durante el internamiento que hagan sospechar la necesidad de atención en salud mental”, detalla.
Idéntica respuesta facilita Salud a la Defensoría: “Actualmente, los centros de internamiento de menores infractores de Andalucía reciben una atención sanitaria de los menores adecuada, que se realiza a través de los recursos de la red pública y de los profesionales sanitarios de los propios centros: médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros. Los centros garantizan la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento en salud mental de aquellos menores que lo precisen, bien por tener diagnosticado previamente un trastorno mental o bien por presentar conductas o sintomatología durante el internamiento que precisen atención en salud mental”.
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