SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha remitido un escrito a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para mostrarle su “apoyo” al proyecto de decreto que regula la autorización y funcionamiento de centros sanitarios y que pretende solucionar “un sistema formalista y pasivo para convertirlo en un sistema dinámico y de simplificación administrativa” de forma que se reduzcan los tiempos para abrir clínicas privadas, ha subrayado el Colegio.
En una nota de prensa, el organismo ha calificado de “acierto” esta iniciativa legislativa, “muy necesaria para facilitar a los profesionales sanitarios el desarrollo de su actividad libre en centros sanitarios privados, que tienen que soportar largas esperas de meses con las cargas económicas de préstamos para iniciar la actividad sin poder llevarla a cabo por la lentitud y complejidad burocrática de los trámites previstos en la actual normativa de aplicación”.
El pasado 30 de mayo, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía propuso modificar el Real Decreto 1277/2003, la ley que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. El objetivo de la iniciativa es “agilizar y simplificar” el proceso de autorización para abrir clínicas privadas en la comunidad.
Entre los objetivos de la futura norma está la “unificación de los plazos de vigencia de las autorizaciones de los centros sanitarios, independientemente del régimen jurídico aplicable a la renovación, autorización o declaración responsable”, pasando de cinco a cuatro años, dado que “en muchas ocasiones, éste es el plazo que viene establecido en la normativa estatal que regula la autorización de determinadas actividades sanitarias”.
Igualmente, se busca “suprimir la autorización sanitaria de instalación en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras”. Se modificará también el procedimiento de renovación de las autorizaciones de funcionamiento en determinadas tipologías de centros para las que por las características de su oferta residencial “no concurre la necesidad de verificación del cumplimiento de los requisitos”.
En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo argumentó que “la tradición administrativa, basada en un control previo, debe dar paso a procesos que potencien el principio de buena fe de la ciudadanía en su relación con la Administración, sutituyéndose las autorizaciones por declaraciones responsables a cambio de una mayor exigencia de compromiso y veracidad de las declaraciones de la persona interesada y, paralelamente, un control más riguroso y efectivo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento”.
Por último, la Junta persigue con este proyecto de decreto “integrar” en una sola norma el régimen jurídico de los diversos procedimientos y “reducir” la “diversidad actual” de la regulación de autorizaciones especiales. El nuevo régimen “debe asegurar” que los procesos de fiscalización y control posterior de la Administración “se orienten a verificar el cumplimiento de las obligaciones y a propiciar la seguridad y la calidad sin perjuicio de establecer las sanciones oportunas en el caso de que no se cumplan las normas o los requerimientos que se lancen.
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