SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El proyecto de Ley que modifica la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía ha superado este jueves el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin necesidad de votación porque ningún grupo había registrado enmienda a la totalidad para reclamar con ello su devolución al Consejo de Gobierno.
De este modo, el proyecto de ley continúa su tramitación parlamentaria en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, según ha informado la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre, quien ostentaba la Presidencia en el momento del debate, al término del debate de esta iniciativa.
Con los cambios incluidos en este proyecto, el colectivo de bomberos pasará a integrarse en la categoría C1, según informó la Junta tras la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de agosto.
Según ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el objetivo de esta reforma es avanzar en la homogeneización del régimen jurídico, dotación de medios y procedimientos de actuación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, atendiendo a las demandas más urgentes de los profesionales afectados.
Con este cambio de la norma, según ha incidido la Junta, no sólo se armoniza y consagra la importancia de este colectivo, sino que también se incardina con el ciclo formativo de Grado Medio de la Formación Profesional de ‘Técnico en emergencia y protección civil’.
Esta propuesta legislativa en materia de emergencias la precede el análisis de un Grupo de Trabajo creado en el seno del Consejo Andaluz del Fuego integrado por representantes de la Junta de Andalucía, de las entidades titulares de los servicios y de su personal.
Este órgano propone acometer una revisión “inmediata y puntual” de la Ley 2/2002 a efectos de “completar la clasificación del personal en base a un desarrollo reglamentario que posibilite atender las demandas más urgentes de los profesionales afectados”.
Otra novedad introducida en el anteproyecto se refiere al ámbito de la formación. La Junta, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), planificará, homologará e impartirá cursos de formación para el acceso y la promoción de la carrera profesional de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, tendentes a la cualificación y la excelencia. Las escuelas municipales y otras entidades privadas deberán respetar esta nueva planificación de los cursos de formación.
Sanz ha defendido la necesidad de adecuar la reforma de la Ley de Gestión de Emergencias “al vigente Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)” para proclamar que “pone a nuestros bomberos en el siglo XXI”, antes de reclamar a la Cámara autonómica que “en una ley como ésta no cabe ponerse de perfil”, de manera que así “se lo solicito a todos los grupos de esta Cámara, a sus señorías”.
El consejero de la Presidencia ha anunciado que “esta ley va a sumar el desarrollo reglamentario en el que ya venimos trabajando” tras poner de manifiesto una práctica habitual en la gestión en Andalucía de “sacar las leyes y eternizar en el tiempo el desarrollo del Reglamento”, aspiración para la que ha tendido “la mano a todos los grupos”.
LOS GRUPOS
Por su parte, el diputado del PSOE-A Jose Aurelio Aguilar ha considerado que la forma en que se ha presentado el texto de la ley no es la más adecuada y ha anunciado enmiendas para intentar “mejorarlo”. Ha apuntado que la clasificación profesional se debería haber abordado dentro de una norma mayor, bien a través de la ley de coordinación de los servicios de prevención o con una reforma de ley de emergencias más amplia, que no se limitara a tocar uno o dos artículos.
El parlamentario de Vox Benito Morillo ha afirmado que aunque la futura normativa “si bien supone un avance considerable estimamos que es insuficiente”, dentro de su petición de lograr “inaplazables criterios homogéneos para el acceso a la profesión”, a lo que ha sumado “la necesidad de contar con una legislación nacional en esta materia, un marco de regulacion común a nivel nacional” tras poner de manifiesto que en España “coexisten 34 servicios de bomberos civiles y 550 parques”, ejemplo de lo que ha considerado una proyección de “la desigualdad tan palpable de nuestro modelo territorial”.
Morillo ha reprochado a Sanz que “han dejado fuera de la mesa de negociación a los sindicatos profesionales y se han sentado otra vez con CCOO y UGT”, sindicatos de los que ha dicho “trincaron 40 millones de euros en los cursos de formación y no los han devuelto, 13 millones en los ERE y 6,3 millones en Residencias de Tiempo Libre, 60 millones son lo que suman”.
El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien ha reprochado que el PP bloquea en el Congreso de los Diputados un Estatuto de los Bomberos junto con el PSOE, ha sostenido que el Gobierno andaluz “ha perdido una oportunidad de garantizar las condiciones de nuestros servicios de emergencias, salvamento”, así como ha reclamado que el dispositivo del Infoca esté al 100% todo el año, en cuanto a las condiciones laborales de sus integrantes tras poner de manifiesto “el abuso de la temporalidad, el hoy te contrato, mañana te echo y hoy te vuelto a contratar”.
La parlamentaria del PP-A María Isabel Lozano ha manifestado que este proyecto de ley viene a dar respuesta a las necesidades y demandas de los bomberos de más de 20 años. Ha manifestado que no hay una ley nacional porque el Gobierno de Pedro Sánchez la tiene “en un cajón”.
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