SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El sindicato Docentes por la Pública ha avisado de que la comunidad educativa andaluza atraviesa “una grave crisis que pone en peligro la salud y el bienestar de miles de docentes”. Además, ha solicitado la solución “urgente” del Gobierno ya que la falta de renovación del concierto sanitario de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) “ha dejado a numerosos profesionales de la enseñanza en una situación de desprotección y desamparo sanitario”.
La responsable del área de salud laboral de ‘Docentes por la Pública’, Esther Padua, ha expresado su “indignación” ante esta situación. “Es inaceptable que docentes que se encuentran en medio de tratamientos graves y crónicos vean interrumpida su atención médica, además esta situación vulnera sus derechos y pone en peligro su salud de manera alarmante”, ha afirmado.
A través de un comunicado, la central sindical ha criticado la “inacción del Gobierno ante este problema crítico”, ya que la ausencia de un acuerdo con las entidades médicas “no sólo pone en jaque el acceso a tratamientos esenciales” sino que también “afecta la calidad de vida de los docentes y el buen funcionamiento del sistema educativo andaluz”.
Por ello, la organización ha calificado de “inadmisible” el hecho de que “quienes dedican su vida a la formación de las futuras generaciones se vean ahora desprovistos de una cobertura sanitaria digna”. De este modo, Docentes por la Pública ha exigido al Gobierno que establezca, “de forma urgente”, un nuevo concierto con las entidades médicas que garantice “la continuidad y calidad” de la atención sanitaria para todo el personal docente en Andalucía.
De este modo, ha afirmado que es “imperativo” que se tomen medidas “inmediatas” para resolver esta crisis y asegurar la “estabilidad y bienestar de quienes sostienen la educación pública en la región”. Al respecto, la secretaria general de Docentes por la Pública, Delia Gómez, ha declarado que no permitirán que el profesorado de la educación pública sea “perjudicado y maltratado” de esta manera.
“El sindicato tiene la responsabilidad de defender sus derechos y asegurar que reciban la atención sanitaria que merecen”, ha subrayado Gómez. En consecuencia, la central sindical ha reiterado su “compromiso con la defensa de los derechos del profesorado” y no ha descartado emprender acciones “contundentes” para “salvaguardar su salud, dignidad profesional y estabilidad laboral”.
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