SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido este jueves una “revisión urgente de las cuantías que reciben los empleados de la Junta de Andalucía por pernoctar fuera de su residencia habitual por razón de trabajo”, que “no se actualiza desde 2006”.
Esta situación atañe a “unos 3.000 empleados en toda Andalucía, y el colectivo de conductores es el más afectado”, según ha advertido CSIF-A en un comunicado en el que el presidente de su sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), José Manuel Dorado, ha lamentado el “deterioro de las condiciones laborales que padecen los empleados públicos” que, “al no poder hacer frente al pago de los servicios de alojamiento fuera de sus hogares por razón de trabajo, se ven obligados a “pagarlos de su bolsillo o aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio, e incluso a aceptar pernoctar en habitaciones compartidas”.
El dirigente sindical ha calificado de “obsoleta y escasa” la cuantía económica de la que disponen los empleados públicos para hacer frente a los gastos por pernoctación, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a “tomar medidas que corrijan esta situación de forma inmediata”.
Según han detallado desde CSIF-A, la normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 143, de 26 de julio de 2006.
El sector de AGJA de CSIF-A ha criticado la “dejadez” por parte de la Administración “por no haber actualizado esta directriz en años, y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años”.
Para la central sindical, es una “cuestión urgente” la “revisión” de las cuantías económicas y que el personal afectado “pueda así hacer frente a los gastos que genere fuera de su residencia habitual por motivos laborales”.
Desde el sindicato han incidido en señalar que, “para poder ajustarse al importe establecido en la mencionada orden, algunos empleados públicos, sobre todo los conductores de altos cargos, se ven en la obligación de volver a altas horas de la madrugada a su localidad y/o provincia, y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo”.
Esto, según denuncia CSIF-A, “duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral y, por supuesto, impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio, lo que no sólo pone en riesgo su vida al volante, sino de las personas que lleva a su cargo en el vehículo, así como al resto de los conductores”, según advierte la misma organización.
José Manuel Dorado ha explicado que la Administración, a través del Acuerdo Marco firmado, hace las reservas a través de la agencias de viajes adjudicatarias de la licitación.
Desde CSIF-A han advertido de que “a las dificultades mencionadas anteriormente se unen las generadas cuando los empleados son requeridos para hacer un determinado servicio cuando la agencia en cuestión está cerrada, al tener un horario comercial”. “Este es un caso que se repite entre el colectivo de conductores, debido a los cambios de agenda de última hora de la persona para la que prestan su servicio”, ha abundado el citado responsable sindical.
MECANISMO DE COMPENSACIÓN
CSIF-A ha criticado además que la Administración, “en lugar de proceder a actualizar las cantidades para cubrir estos costes y poner en marcha mecanismos más eficientes para realizar estas gestiones”, haya optado por un “mecanismo de compensación” para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes cuando los importes “superan la cuantía establecida en la orden de 2006”.
Dicho mecanismo, según ha continuado Dorado, consiste en “cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes”. En este sentido, desde CSIF lamentan que, en ocasiones, los empleados públicos “se ven obligados a elegir entre dormir o comer”.
La central sindical reclama una “solución urgente para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores”, e insiste en que, “al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicio, y que, al resto de trabajadores cuyos desplazamientos sí están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer”.
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