SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha manifestado que va a pedir “al Gobierno de España el aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la futura Política Agraria Común (PAC), puesto que éstos, tal y como están definidos, “suponen un gasto más para agricultores y ganaderos en unos momentos de crisis”, según asegura.
Y lo ha hecho tras conocerla aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PePAC) 2023-2027 presentado por España, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, una planificación que según dice de otro lado el Gobierno central será “más justa, más sostenible y más social”, porque agricultores y ganaderos dispondrán del “presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional”.
A este respecto, Crespo ha insistido en “las alegaciones que, de forma conjunta con el sector agrícola, presentamos ante el Gobierno de España para evitar que la principal región perceptora de la PAC, Andalucía, pierda más de 500 millones de euros de la Política Agraria Común”.
Para la consejera la Política Agraria Común “no puede ser un limitante” sino que “tiene que ser una oportunidad en estos momentos de subida de costes de producción y de sequía para los agricultores y ganaderos andaluces”.
Así, ha indicado que la Junta volverá a exigir “que se atienda las alegaciones de Andalucía en el seno de la próxima Conferencia Sectorial prevista para este mes de septiembre y que se acuerde, de forma urgente, la paralización de la entrada en vigor de la PAC, así como una batería urgente de medidas con una bajada de impuestos que ayuden a paliar los elevados costes de producción que, en este inicio de campaña, está sufriendo el sector por la sequía y la guerra de Ucrania”.
En este sentido, asegura que “si a estos desafíos le sumamos la aplicación de las exigencias ambientales de la nueva PAC, la situación podría ser especialmente complicada para algunos agricultores y ganaderos que llevan años luchando por la sostenibilidad del sector”.
Carmen Crespo ha animado al sector andaluz a “aprovechar la importante oportunidad” que supone para los agricultores andaluces la ampliación a 2023 de la flexibilización de los requisitos de la PAC para poner en producción las tierras que, en principio, deberían mantenerse en barbecho para poder recibir determinadas subvenciones europeas.
“Numerosos productores de Andalucía se han sumado ya a esta posibilidad pero aún hay margen para seguir sacando rendimiento a miles de hectáreas donde podría crecer, por ejemplo, el cereal y el grano que actualmente necesita Europa”, ha apuntado la consejera.
Crespo ha apostado así por poner en producción el máximo de superficie disponible para que los agricultores andaluces “aumenten la rentabilidad de sus explotaciones conservando las mismas subvenciones y contribuyendo, además, a que Europa alcance la suficiencia alimentaria que garantizaría su abastecimiento en momentos de especial dificultad como el que vivimos actualmente, entre otras razones, por el impacto de la guerra de Ucrania”.
En Andalucía se están cultivando ya alrededor de 35.700 hectáreas que se encontraban en barbecho para cumplir con las exigencias de la PAC. Esta extensión supone el 53% de las 66.000 hectáreas consideradas de interés ecológico en la Comunidad Autónoma andaluza.
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