CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha destinado a la provincia de Córdoba una partida de 35,1 millones de euros para la inversión industrial del Fondo de Transición Justa, según recoge el primer decreto puesto en marcha por la Consejería de Industria, Energía y Minas, que establece el marco normativo para gestionar este instrumento financiero de la Unión Europea como compensación a los territorios que cerraron sus centrales térmicas.
Tal y como ha indicado la Administración autonómica en una nota, el delegado del ramo en Córdoba, Agustín López, ha asegurado este miércoles, durante la presentación del recién publicado decreto para una transición justa a través del impulso de ecosistemas industriales sostenibles en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, que “se trata de una medida importante para la transición energética y una oportunidad para la provincia de Córdoba, para que se genere industria, empleo y progreso en una zona como el Valle del Guadiato, que tanto lo necesita”.
El decreto abarca al conjunto de los municipios de las provincias de transición justa, con especial atención a aquellos más próximos a las instalaciones energéticas cerradas. La provincia de Córdoba “sufrió el cierre de la central térmica de Puente Nuevo, con el impacto económico y laboral que aquello supuso, sobre todo para el Valle del Guadiato, con la clausura de empresas auxiliares por la necesidad existente de una transformación de la industria energética”, ha señalado López.
“Este Fondo de Transición Justa es un mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea va a contribuir a que entre todos intentemos nuevos estímulos y herramientas para mejorar la zona en su conjunto y la actividad industrial”, ha asegurado el delegado.
Para este fin, es “primordial”, ha apuntado el responsable territorial, “la necesidad del incremento de la potencia eléctrica en el norte de la provincia, como venimos reclamando. Es vital para el desarrollo de estos ecosistemas industriales para aumentar la actividad industrial en la provincia”.
Este primer decreto viene a regular el marco normativo y durante 2024 se “aprobarán líneas de incentivos a los que acogerse las empresas y las industrias que quieran acceder a ellos en concurrencia competitiva y con una tipología concreta de proyectos”, ha explicado el delegado.
Según establece, estos fondos, “cuyos beneficiarios son las empresas”, ha explicado López, “se articularán a través de los denominados proyectos tractores, perceptores de estas inversiones para nuevos ecosistemas industriales que han de dar respuesta a la pérdida de industria y empleo”.
Para ser considerados tractores, según establece el decreto, los proyectos deberán responder a alguno de los siguientes objetivos: la transformación ecológica y digital de la industria, incluyéndose la economía circular; el desarrollo de la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable; o la diversificación económica de los territorios.
Los proyectos tractores no se elaboran de forma aislada, sino que se contempla la participación de las diferentes Administraciones y entidades locales y asociaciones económicos y sociales, para que las líneas de ayudas que se saquen se ajusten a las necesidades de la industria o el territorio”.
OFICINA DE TRANSICIÓN JUSTA
El delegado ha apuntado también que el decreto contempla otras actuaciones concretas como la detección de actividades formativas, medidas de impulso de la formación de los jóvenes y el empleo, con compromiso de contratación. Para la gestión de estas actuaciones se pondrá en marcha próximamente la Oficina Técnica de Transición Justa que se va a crear en cada una de las provincias andaluzas y se conformarán con el personal de las propias delegaciones provinciales.
El texto contempla, además, la preferencia de iniciativas vinculadas a transición justa en la asignación de proyectos de inversión a la Unidad Aceleradora de Proyectos, atendiendo al sentido de urgencia de las inversiones que se busca impulsar.
Se busca, ha indicado por último el delegado, “que toda la información del Fondo de Transición Justa tenga un gran alcance para entre todos ser capaces de impulsar proyectos de base industrial que asienten la economía en estos territorios afectados por la transición energética”.
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