La normativa afectaría a unos 7.000 u 8.000 funcionarios en toda Andalucía, tanto titulares como interinos
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
Las principales sedes judiciales de las capitales de provincia de Andalucía y de sus ciudades de gran población han acogido este viernes concentraciones convocadas por STAJ, UGT, CSIF y CCOO, para mostrar su rechazo al nuevo proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Ministerio de Justicia, porque según avisan “no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales”, entre otros aspectos.
El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha criticado así que el nuevo proyecto de Ley “vulnere la negociación colectiva, puesto que supone que los complementos retributivos, jornadas, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas”.
Moreno ha lamentado que el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial, en alusión al prolongado bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando “la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano”.
Así, los sindicatos promotores de esta movilización denuncian que este proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa “no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales, lo que puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia”, permitiendo de otro lado “la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado”.
Según STAJ, UGT, CSIF y CCOO, esta “movilidad discrecional puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios”.
En Almería, donde se han congregado más de medio centenar de manifestantes, se ha incidido así en que esta reforma va a hacer que “desaparezcan los juzgados de paz” en los municipios, lo que va a hacer que “todos los ciudadanos de Almería” tengan que acudir a la capital ya que “no podrían hacer sus actos de registro civil en sus localidades”, según ha indicado el responsable sindical de Justicia de CCOO en Almería, Pelayo Díaz.
En este sentido, ha incidido en que el Registro Civil, que precisaría de un nuevo reglamento y una nueva relación de puestos de trabajo, se va a ver “muy afectado” con la entrada de la nueva ley, por la que tampoco se garantiza “las condiciones de trabajo ni los centros de destino” al tiempo que se modificarán las funciones con una reducción del número de puestos y servicios que se prestan.
Para el responsable del sector de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, “este nuevo modelo no va solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española”. “Hay un déficit de 20.000 plazas en todo el país, equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren”, señala.
La responsable del sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha indicado que “estas concentraciones son las primeras de un calendario de movilizaciones que se iniciaron en Madrid esta semana frente al Ministerio de Justicia y que continuarán hasta que dicho ministerio no se siente a negociar”.
En Sevilla, la secretaria general de la Sección Sindical de CCOO de Justicia de Sevilla, Inmaculada Centeno; y Carmen Lamana, de STAJ, han criticado la “negativa” de la ministra Pilar Llop, a negociar los importantes cambios en las condiciones laborales que supondrá esta nueva ley. “No se garantizan derechos ni retribuciones”, han alertado.
Según consideran, la nueva norma derivaría en una “cosificación del trabajador público”, que por ejemplo pierde la capacidad de decisión en aspectos como la movilidad laboral. El asunto, según han precisado a las puertas de la Audiencia de Sevilla, afecta a unos 7.000 u 8.000 funcionarios en toda Andalucía, 2.000 de ellos en Sevilla, tanto “titulares como interinos”.
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