SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, correspondiente a las “pólizas individuales” formalizadas por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en favor de “amigos y vecinos”.
En concreto, esta causa gira en torno a pólizas individuales de seguro de rentas promovidas por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, miembro del PSOE, condenado por prevaricación y malversación en el procedimiento específico de financiación de los ERE y fallecido en 2020, en beneficio de cuatro personas de su “entorno cercano, en este caso amigos y vecinos, bien por propia iniciativa o bien por pedírselo la persona interesada”.
Según el auto de transformación de las diligencias de investigación del caso en procedimiento abreviado, consultado por Europa Press, estas personas “resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero al aparecer la propia Dirección General de Trabajo como tomadora de los seguros, cuyas primas se abonaron mediante el método de los llamados ‘pagos cruzados’ a través de cartas remitidas por Guerrero a compañías aseguradoras que ya disponían de fondos públicos concedidos a través a través del denominado procedimiento específico, para que determinadas cantidades fueran desviadas, en beneficio de aquéllas personas para el pago de los seguros concertados individualmente sobre ellas”. Así, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla apreciaba presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
CINCO ACUSADOS
De este modo, en el banquillo de los acusados se sientan el exdirector de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, el que fuera consultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo, ambos ya condenados por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco); Alejandro M.T., vecino de El Pedroso y con lazos de “amistad” con Guerrero, otrora alcalde de dicho municipio; Cristina R.C., quien ejerciese funciones de gerencia en la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi), miembro temporal de la candidatura del PP a la Alcaldía de Córdoba en 2011 y también con nexos de “amistad” con Guerrero; y finalmente el padre de Cristina, R.R.G.
El auto de conversión de las diligencias en procedimiento abreviado también mencionaba al exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo como beneficiario de otra de las pólizas por su “amistad” con Guerrero, si bien pesa su muerte.
Al comenzar el juicio, en la fase de cuestiones previas, la defensa de Antonio Albarracín ha alegado la supuesta prescripción de los hechos, exponiendo que con relación a los trámites de las pólizas indagadas, el último acto de firma se remonta a agosto de 2007, mientras su patrocinado fue llamado en calidad de investigado al caso en abril de 2018, con lo que habría sido superado el plazo máximo de diez años que rige para los delitos de prevaricación y malversación, según ha asegurado.
“DOS FALLECIDOS” DURANTE EL PROCEDIMIENTO
La defensa de este exdirectivo de Vitalia ha señalado que el juicio comienza con “dos fallecidos en el transcurso del procedimiento”, en alusión a Rafael Rosendo y Guerrero, destacando la “artificiosidad” de esta pieza separada “creada sin razón de ser” para las supuestas “pólizas individuales”, porque otras piezas de la macrocausa incluyen o han incluido pólizas individuales no abarcadas por este proceso.
La defensa de Jesús Bordallo ha alegado igualmente la presunto prescripción de los hechos en los mismos términos ya descritos, agregando además una “inconcreción” de los hechos atribuidos a su cliente, cuya “participación en las pólizas” no queda definida, según la abogada defensora.
Además, la letrada ha señalado la “exclusión” de Bordallo en piezas separadas como las de las ayudas autonómicas para los procesos de reestructuración de empresas como Río Grande, FCC y Mac Puar, así como en la pieza de las sobrecomisiones, porque su papel de consultor en Vitalia “no es indicio sólido” de los delitos indagados.
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