SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) y la ONG Justicia Alimentaria han lamentado que la publicación del concurso por el que se renovará la gestión de 1.445 comedores escolares públicos en toda Andalucía “siga dejando el servicio en manos grandes empresas, promoviendo la concentración, alejándose de las directrices sobre Compra Pública Verde de la Unión Europea y contradiciendo el propio manual de la Junta sobre Buenas prácticas para la compra de alimentos ecológicos, locales y de temporada de acuerdo a la economía circular y la prevención del despilfarro alimentario”. “Las numerosas y constantes quejas y reivindicaciones que las familias llevan años trasladando a la administración han caído en saco roto”, han aseverado.
La Codapa ha advertido a través de un comunicado que en Andalucía hay alrededor de 2.000 centros educativos públicos que ofrecen servicio de comedor y “solamente 490 de estos comedores escolares están gestionados directamente por la Junta de Andalucía”, mientras que los 1.500 restantes “están en manos de empresas privadas”. “El concurso recientemente publicado propone la renovación de contratos de la práctica totalidad de centros educativos de gestión externalizada, tiene un presupuesto de más de 140 millones de euros y se divide en 36 lotes provinciales”, ha detallado.
A juicio de la organización, el sistema de concurso con grandes lotes es “uno de los principales motivos por los que el mecanismo de contratación pública veta a pequeñas y medianas empresas locales y favorece a grandes multinacionales”, mientras que el manual de buenas prácticas de la Junta recomienda “licitar los contratos divididos en lotes de menor tamaño para que puedan concurrir a la licitación pequeñas y medianas empresas”. Así, ha criticado que el Ejecutivo andaluz “ignora sus propias recomendaciones con el presente concurso, donde el 87% de los lotes incluyen a más de diez centros educativos cada uno y, dentro de éstos, más de la mitad son lotes de más de 55 centros educativos cada uno”.
Codapa ha aseverado que actualmente “hay 19 empresas de catering dando servicio a los 1.500 comedores que funcionan mediante esta modalidad de gestión en Andalucía y de ellas solo seis acaparan el 72% de la oferta y gestionan más de 100 millones de euros de fondos públicos”. “Ninguna de ellas en andaluza y cuatro ni siquiera son españolas sino que pertenecen a grupos multinacionales con capital en Francia, Inglaterra y Estados Unidos”, ha apostillado.
La Confederación ha continuado detallando que el sistema de trabajo de estas empresas “es mediante cocinas centrales desde las que se distribuye la comida, refrigerada y envasada en barquetas de plástico, a cientos de kilómetros donde, al cabo de los días, se recalienta en esos mismos envases”. Así, ha alertado que el resultado es “una alimentación kilométrica y altamente contaminante que no satisface a quienes la consumen y que provoca un desperdicio alimentario inaceptable y muy alejado de las directrices europeas de Compra Pública Verde”.
SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
La Codapa también ha criticado el sistema de transparencia y comunicación con las familias, reseñando que la mayoría de asociaciones de madres y padres “tienen verdaderas dificultades para poder mantener un mínimo diálogo con las empresas de catering, a pesar de que en los contratos está recogida la obligatoriedad de las empresas de mantener reuniones mensuales con dirección y AMPA “de seguimiento y evaluación del servicio”.
Además, desde la entidad han puesto de relieve que la Agencia Pública Andaluza de Educación, responsable de estos contratos recién publicados, “no se reúne con Codapa ni convoca su comisión técnica desde 2020, algo que ya trasladó esta entidad a la Consejera de Educación a inicios de curso sin cambio en la situación hasta la fecha”. De esta agencia, la Codapa también ha criticado el “escaso control y seguimiento”, puesto que “durante 2023 solo se ha supervisado el funcionamiento del 31% de los comedores escolares andaluces, a pesar de las quejas que acumulan la mayoría”.
Por último, la Confederación y Justicia Alimentaria han solicitado la publicación del Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales, sociosanitarios y dependencias del sector público radicado en Andalucía”, cuyo anteproyecto fue sometido a consulta pública en marzo de 2020 y cuyo último borrador se hizo público en 2022, “sin existir hasta la fecha más información de cuándo se publicará esta Ley, tan necesaria para regular las políticas públicas alimentarias”.
LA JUNTA SEÑALA QUE LOS MENÚS PROMUEVEN UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
Por su parte, el Gobierno andaluz ha aseverado que los menús de los comedores escolares públicos andaluces “siguen todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y Consumo en cuanto a alimentación saludable”, resaltando que promueven “una alimentación completa y equilibrada”, con presencia diaria de verdura y fruta fresca, el uso de aceite de oliva virgen extra, una mayor proporción de pescado que de carne, que debe ser magra; la limitación de los alimentos precocinados y fritos; y la apuesta por la dieta mediterránea y los productos ecológicos.
Asimismo, fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a Europa Press que los menús “son supervisados por técnicos del Plan de Evaluación de la oferta alimentaria en comedores escolares andaluces (Evacole) que comprueban mensualmente su adecuación a los criterios nutricionales y de calidad establecidos en los pliegos y, además, realizan verificaciones ‘in situ’ en los centros educativos, que se suman a las auditorías que también realiza la Agencia Pública Andaluza de Educación”.
Desde la Junta han detallado que la licitación que está tramitando actualmente la Agencia para la contratación del servicio de comedor escolar y programa de refuerzo en alimentación infantil en 1.445 centros docentes públicos para los próximos dos cursos escolares (2024-25 y 2025-26), por un importe de 143.809.810,30 euros, está destinada a atender a un total de 125.378 niños “con la mayor calidad y con eficiencia en el gasto público”.
“En esta licitación se han aplicado cambios importantes con objeto de atender a las demandas de mejoras en el servicio por parte de la comunidad educativa y de adecuar la contratación a la realidad del sector y a la evolución de los precios, evitando los problemas de falta de concurrencia e incluso de abandonos del servicio sufridos en años anteriores”, han explicado, señalando que, para ello, la Agencia Pública Andaluza de Educación llevó a cabo una consulta preliminar a mercado que “permitió conocer mejor los aspectos relacionados con los costes y características del servicio”.
Entre otros cambios, el peso de los criterios económicos en la adjudicación ha pasado de 30 a 25 puntos, para desanimar las bajas económicas en favor de otros criterios relacionados con la prestación del servicio. Así, se sube de 20 a 25 puntos el peso del criterio de la mejora de la ratio de cuidadores, que habitualmente se utiliza para la atención más cercana del alumnado con necesidades educativas especiales y establece como obligatorio que los monitores de comedor tengan una jornada mínima de dos horas al día, fomentando así la estabilidad laboral.
También se ha elevado de 10 a 15 puntos el peso de la mejora relativa a la introducción de productos ecológicos, según ha reseñado la Junta, que ha recordado que la licitación incluye, asimismo, la contratación del programa de refuerzo en alimentación infantil (PRAI), consistente en la elaboración y distribución, de lunes a viernes, de la merienda y el desayuno del día siguiente al alumnado cuyas familias en situación de vulnerabilidad.
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