SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
CGT Andalucía llevará a cabo el próximo 19 de febrero una protesta ante las sedes de los juzgados de los social en Andalucía ante la situación de “indefensión jurídica” de la clase trabajadora “derivada de la caótica situación de la jurisdicción social” en la región, ello en torno a la conmemoración del Día Mundial por la Justicia Social el 20 de febrero.
Ello ha informado en una nota el sindicato, que ha defendido que esta acción “se hace más necesaria que nunca ante la ineficacia de la justicia social, que se va apagando cada día un poquito más”. “Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años”, ha trasladado el sindicato, para incidir en que “la justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social”.
Así, CGT ha sostenido que en Andalucía “los Juzgados de lo Social están colapsados”, demostrando “absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etcétera”. Buena prueba de ello, según explica, “son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos judiciales en cualquier provincia andaluza”, y ha criticado que “demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2027 o 2028 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social”.
“Esta es la situación que padecemos y que no genera ninguna alarma relevante para los responsables políticos, no en vano quien se beneficia de la situación de parálisis e indefensión de las personas trabajadoras son las empresas y patronales incumplidoras”, ha aseverado.
Para CGT, es “inaceptable que en 2025, pleno siglo XXI, se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo, que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público esencial. Cualquier persona dispone hoy día de mejores medios técnicos que multitud de juzgados, por increíble que parezca”.
Ha mantenido que “hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación”. De hecho, observa “cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas, todas ellas bajo el amparo de la colaboración público-privada, para resolución de conflictos”.
Con el retraso judicial “generalizado”, según ha lamentado el sindicato, se articula “un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley”, ya que “quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas”.
MEDIDAS Por todo ello, exige cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponen, entre otras medidas, el aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía; implantar Juzgados de lo Social de Ejecución, o modificar la LRJS y la Ley de infracciones y sanciones en el orden social (Lisos) aumentando las indemnizaciones a las personas trabajadoras y las sanciones a las empresas incumplidoras.
Otra de las iniciativas que sugiere el sindicato es agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas, ya que denuncian que “entre notificación por correo certificado, después vía Scace (Sección de Actos de comunicación y auxilio) y por último la publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) de cada uno de los actos del Juzgado, hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida”.
- Te recomendamos -
