CEUTA, 20 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP), la patronal y los sindicatos de la ciudad autónoma van a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que derogue el nuevo marco de bonificaciones a la contratación que entró en vigor el 1 de septiembre y que “ya está causando el aplazamiento y cancelación de decisiones empresariales de inversión [ligadas sobre todo a los sectores tecnológicos] en un momento en que son más necesarias que nunca tras la prohibición unilateral del comercio fronterizo por parte de Marruecos”.
La Mesa de Diálogo Social de Ceuta está perfilando un documento, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, en el que se denuncia que la sustitución del 50% de bonificación por una cantidad fija mensual que excluye, entre otros, a los trabajadores con contratos temporales “supone un considerable retroceso” y “empeora en todos y cada uno de sus aspectos el sistema anterior, hasta el punto de hacer inaplicable en la práctica el nuevo”.
“Más que una modificación, supone una derogación de facto de las bonificaciones”, lamentan el Ejecutivo local y los agentes sociales, que censuran que se trata de “un injustificable ataque al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Ceuta y Melilla, que a diferencia del canario no dispone de un sistema de protección”.
“Esta modificación, introducida por Decreto-ley sin ningún diálogo ni comunicación previa con las instituciones representativas y los agentes económicos y sociales de ambas ciudades, ha creado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes”, avisan al Gobierno central, al que reprochan que además “incurre en una evidente contradicción con los objetivos de los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla aprobados en octubre de 2022 por cuanto incentivar los empleos de baja cualificación frente a los necesarios en la proyectada reconversión económica de ambas ciudades, basada en sectores de alta productividad”.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), la Cámara de Comercio, UGT y CCOO coinciden además con el Gobierno de Vivas en augurar que la reforma traerá “conflictividad social” al generar una “doble escala salarial en el seno de las empresas”.
“La nueva normativa supone, para los contratos de trabajo firmados a partir del 1 de septiembre de 2023, una derogación de facto del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla introducido en 2004 y mejorado en 2012”, resume el documento, que también rechaza el marco de subvenciones establecido para compensar a los empresarios que salgan perdiendo con respecto al anterior en las bases de cotización superiores a 1.668,8 euros mensuales, ya que “introduce una complicada gestión burocrática, obliga a adelantar el pago, no es seguro y tampoco indefinido”.
- Te recomendamos -
