CÓRDOBA, 5 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha analizado este martes los “problemas ocasionados por la política agraria comunitaria” y ha pedido al Gobierno central que “implemente dinero de los fondos Next Generation que no se están aplicando a otros menesteres para invertir en infraestructuras hídricas y de transporte”.
Tal y como ha indicado Cesur en una nota, esta es unas de las conclusiones que se extraen del informe ‘Prospectiva estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño’ que se ha presentado este martes. Se trata de un estudio por la Comisión del Agroindustria de Cesur, y realizado por Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la comisión.
El informe ha sido presentado en el marco de la Reunión informal ministerial de Agricultura que se celebra estos días en Córdoba con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Bajo el nombre ‘Estrategias para afrontar los retos de la Cadena de Valor en el sector agroalimentario’, la jornada ha sido presidida por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, y Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur. El estudio ha sido presentado por el coordinador del informe, Pablo Lara, ingeniero agrónomo y profesor titular de la Etsiam.
Este estudio arroja datos como que “el sector agrario emplea en Córdoba a 28.300 personas, el 10,31% de la población ocupada de la provincia”. Según datos de las Cuentas Regionales 2020, “la agricultura aportó al PIB provincial con un 8,87%, 1.158,59 millones de euros”.
La jornada también ha contado con una mesa coloquio en la que han participado Iván de Arteaga, presidente de la comisión de Agroindustria de Cesur y CEO de Castillo de Monclova; Blanca Torrent, directora general de Aceitunas Torrent; Rafael Guerrero, director general de Covap; y Juan Manuel Martínez-Sagrera, CEO Molino del Genil.
En el encuentro se ha señalado que, en Andalucía, el sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) es una de sus principales fuentes de generación de riqueza y empleo. En conjunto, las actividades agroalimentarias aportan en torno al 15% del Valor Añadido Bruto (13.000 millones), el 17% del empleo regional (unos 500.000 trabajadores) y suponen el 40% del valor de las exportaciones regionales.
En el contexto nacional, Andalucía representa alrededor de “una cuarta parte del valor de la producción agraria en España y aporta más de un 30% del valor añadido y el empleo del sector agrario nacional”. Además, es “la primera comunidad autónoma por valor exportado de productos agroalimentarios”.
Este papel se desarrolla en el medio rural y juega por tanto “un papel clave para el equilibrio demográfico y evitar la despoblación”.Ante la importancia del sector para la economía de la región y el bienestar de la sociedad andaluza, Cesur ha señalado una serie medidas comunitarias que “están afectando y van a afectar dramáticamente al sector agroalimentario andaluz”.
Así, se han referido a “la implantación de las medidas de la Estrategia de la Granja a la Mesa” que “supondría, según diversos estudios, reducciones de la producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las explotaciones y el deterioro de la balanza comercial”.
PLAGUICIDAS
Además, el Reglamento de Uso sostenible de los productos fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% “puede suponer reducciones de la producción de hasta un 25% al no disponer de herramientas que puedan sustituirlos con eficacia”, mientras que “el incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica disminuirá la producción agraria de la UE y comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda”.
Igualmente, “el retraso en abordar la regulación comunitaria de las nuevas técnicas de edición genética aplicada a las plantas está comprometiendo las oportunidades de nuestros agricultores de adaptarse a la nueva situación climática (adaptación a la sequía y enfermedades emergentes) con herramientas eficaces”.
Según explica Cesur, “el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera no incluye a los productos agrícolas, pero sí a las materias primas que se produzcan con combustibles fósiles como los fertilizantes, lo que supondrá un incremento adicional de costes para los agricultores”. En lo que respecta al bienestar animal, “la iniciativa sobre el fin de las jaulas puede requerir inversiones en nuevas instalaciones” cuyos costes “difícilmente se recuperarán completamente”.
“Las normativas sobre la degradación forestal multiplican la carga económica y administrativa y amenazan la competitividad del sector ganadero, provocando perturbaciones en el suministro de materias primas”, han señalado los empresarios, añadiendo que la propuesta sobre la captura de carbono en los suelos basada en la medición “es muy restrictiva para la agricultura, y excluye de su ámbito de aplicación todas las actividades de mitigación, eliminando oportunidades de negocio para los agricultores que podrían aliviar los costes impuestos por las prolíficas medidas regulatorias”.
También han alertado acerca del impacto económico que tendrá “la regulación sobre la reducción del uso de los plásticos”, que “incorpora un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables”; mientras que “la Propuesta de Directiva de emisiones industriales incluye medidas para restringir las emisiones en las instalaciones industriales”, algo que “obliga a una serie de requisitos que suponen de nuevo unos mayores costes de explotación y una reducción de las producciones”.
DÉFICIT HÍDRICO
Desde Cesur han puesto de manifiesto “la falta de una política de gestión del agua realista y acorde con la nueva realidad”, pues “en el contexto de políticas europeas es especialmente necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en el sur de España y la necesidad de acometer un plan que solvente esta situación, y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al campo del Sur de España a pérdidas millonarias”.
En este sentido, “para una acción eficaz, urgente y de impacto, solicitamos al Gobierno que implemente dinero de los Fondos Next Generation que no se están aplicando a otros menesteres, para invertir en infraestructuras hídricas y de transporte, embalses y tramitación rápida de nuevas plantas desaladoras”, entre otros.
“Una parte importante del sector agrario andaluz está vinculado a la agricultura de riego, siendo la primera comunidad autónoma en superficie irrigada (aproximadamente el 30% del total de la superficie nacional regada). Cuenta además con los sistemas de riego más avanzados y eficientes. El riego por goteo supones casi el 80% de la superficie de riego frente al 45% nacional”, han señalado.
La agricultura andaluza “ya ha trabajado para hacer frente a los ciclos meteorológicos con fuertes inversiones que suponen un ahorro medio de consumo de un 30%. La apuesta de las administraciones para garantizar el suministro no ha sido paralela a la de los regantes por optimizar su uso”.
Por último, Cesur ha pedido “un estricto control de la Unión Europea sobre las importaciones procedentes de terceros países que exija a dichos países los mismos estándares de calidad que se aplican a las producciones europeas”, pues lo contrario “es consentir la competencia desleal contra sus socios comunitarios”. Asimismo, han lamentado que la nueva Ley de Cadena Alimentaria ha supuesto “una carga administrativa de muy difícil cumplimento para todos los afectados sin que se hayan conseguido los objetivos perseguía”.
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