SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Los trabajadores del sector de atención a las personas con discapacidad se han concentrado ante la sede en Sevilla de Plena Inclusión, una de las empresas integrantes de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), en señal de protesta ante la “negativa” de la patronal a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo y “su pretensión de rebajar el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación”.
La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha afirmado que “actualmente existe un acuerdo con la Administración en cuanto a la subida del 6% en el precio/plaza por usuario para 2022 y durante los siguientes ejercicios económicos (2023 y 2024); incrementos progresivos que podrían llegar hasta el 13% precio/plaza usuario”.
CCOO ha explicado en nota de prensa que esta medida tiene para la Junta de Andalucía un coste económico total en 2022 de 36.981.726 euros. En concreto, para el servicio de atención residencial 29.404.742 euros y para los servicios de centro de día, 7.576.984 euros; y la estimación de impacto para el año 2023, en el supuesto de mantenerse el mismo número de personas beneficiarias de los servicios citados, sería de 37.266.288 euros.
Vega ha criticado en ese sentido que Aedis, la patronal mayoritaria del sector “diga que apuesta por que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de calidad de vida, y se muestre intransigente a la hora de cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo, con lo que ello conlleva de grave perjuicio para las personas que trabajan en las diferentes entidades que representan, tengan discapacidad o no”.
El sindicato ha aclarado que en la propia web de la Consejería aparece un texto en el que se especifica que “el Consejo de Gobierno ha autorizado los expedientes de gasto derivados de la revisión de los costes máximos para la Junta de Andalucía de las plazas concertadas con los centros que atienden a las personas en situación de dependencia. En concreto, se aplica una subida del 6% en las plazas de atención residencial, centros de día y ocupacional para personas con discapacidad. Estas subidas tienen carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2022 y tienen como objetivo garantizar la atención a las personas beneficiarias en situación de dependencia, asegurando la calidad de los servicios, el sostenimiento de las entidades prestadoras y, en consecuencia, el mantenimiento del empleo del sector”.
Frente a ello, la dirigente de CCOO critica que “las trabajadoras y trabajadores del colectivo no van a percibir ninguna subida salarial porque la patronal del sector hace su propia interpretación del artículo 32 firmado en el XV Convenio Colectivo, donde se niega a reconocer esa subida salarial del IPC, que a fecha 31 de diciembre de 2021 era del 6,8%”.
Pese a ello, Vega especifica que el sindicato “consiguió un principio de entendimiento para poder abonar ese 6,8% de subida de IPC en tres años, a cambio de unas mejoras sociales de cara a la futura firma del nuevo convenio”. “En cambio, a la hora de negociar el nuevo texto, comprobamos que de las catorce mejoras propuestas por la patronal, doce ya estaban recogidas en diferentes leyes laborales; lo que nos pareció una tomadura de pelo”.
CCOO recuerda que es el sindicato mayoritario del sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. “Estamos abiertos al diálogo con la Administración siempre y cuando este último esté orientado a mejorar las condiciones del personal de este sector”.
Por ese motivo, el sindicato ha advertido que “si el modelo de empleo que nos presentan desde la patronal está marcado por la precariedad laboral y la situación sigue estancada, vamos a ser beligerantes y trasladar el conflicto no sólo a la calle, con protestas como la de hoy, sino también a los centros de trabajo”, sentencia Vega.
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