SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha pedido al Gobierno de España que convoque de manera urgente la comisión bilateral para resolver con rapidez las dudas que tiene sobre el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía sobre la revisión del precio de los materiales de la construcción, que está “apoyado por el sector” y complementa el real decreto estatal para “evitar parar obras”.
Según un comunicado de este viernes, Carazo ha enviado una carta a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, trasladándole la “necesidad de aclarar un escenario normativo que tanta trascendencia tiene en sectores de vital importancia en la marcha de la economía y la creación de empleo como las empresas que trabajan en infraestructuras y obras públicas”.
La titular de Fomento ha recordado que fue el 23 de junio cuando recibió la invitación del Ministerio para la convocatoria de una comisión bilateral para “hallar una solución” que evitara el recurso de inconstitucional sobre tres artículos del decreto ley andaluz 4/2022 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión de precios en los contratos públicos.
Esta invitación fue aceptada cuatro días después, con la firme idea de “resolver las discrepancias” cuanto antes, “pero seguimos esperando la convocatoria de esa Comisión Bilateral”, ha lamentado la consejera. Al respecto, en la misiva pide “celeridad” para la convocatoria con carácter “urgente” de esta comisión. “Necesitamos eliminar la incertidumbre que el sector de la construcción está atravesando actualmente en Andalucía ante la posible interposición de este recurso”, ha manifestado.
La consejera ha recordado que “este decreto ley quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta de Andalucía por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales”. En ese sentido, las empresas que trabajan con las administraciones tienen “un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se aprobó este decreto ley para la revisión excepcional de los precios”.
Según este comunicado, la Junta de Andalucía “da un paso más para mejorar el real decreto que había aprobado el Gobierno de España y que se presentaba insuficiente para el sector porque deja muchas obras fuera de esta excepcionalidad”. El decreto ley andaluz, en cambio, “mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y no poner en riesgo la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo”.
A diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz ha incluido las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como obras de menos de un año de duración. Además de ampliar el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluir todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).
Por último, la norma andaluza también otorgará la posibilidad de que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que “suprime” las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a la falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto. Por otro lado, el decreto ley andaluz ampliará la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establecerá que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.
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