SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha expuesto este viernes en comisión parlamentaria algunos de los aspectos del decreto de simplificación administrativa que afectan a su departamento y que “harán más eficiente y accesible la administración a los ciudadanos. Andalucía se ha convertido en una Administración proactiva, que se adelanta a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas”.
Entre las medidas que recoge el texto se encuentran las relacionadas con el patrimonio histórico y con las actividades arqueológicas. “Todas ellas son medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la gestión del patrimonio histórico y el acomodo de las nuevas demandas sociales siempre con el máximo respeto a su protección”, ha afirmado el titular de Cultura y recogido la Junta en una nota de prensa.
Se revisa la composición de las comisiones provinciales de Patrimonio Histórico, al objeto de “mejorar su funcionamiento y reducir el número de procedimientos que deben conocer”. En este sentido, desaparece la obligatoriedad de someter a informe de estas comisiones las obras en entornos de monumentos y jardines históricos, que pasan a ser informadas en exclusiva por las ponencias pécnicas.
Sobre este particular, el grupo parlamentario socialista, que junto con el grupo Por Andalucía, había solicitado esta comparecencia del consejero sobre el decreto de simplificación y sus efectos sobre la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha sostenido que “se han pasado ustedes de simplificación, cayendo en la desregulación”. “Muchos de los trámites eliminados obedecen a las ganas de solucionar problemas internos de la Consejería”, ha señalado el PSOE, aludiendo a las “colas de expedientes que tienen ustedes atascados en las comisiones provinciales”.
El consejero ha explicado que las comisiones informarán únicamente en el caso de intervenciones en inmuebles con la consideración de monumentos y jardines históricos, lo que supondrá “una reducción considerable del número de proyectos a informar por éstas, agilizando el tiempo de respuesta al ciudadano e impulsando la actividad económica y la riqueza de nuestra comunidad autónoma”. “Ello implicará una reducción media de dos meses en la tramitación en cada uno de estos expedientes. La inversión estimada de los expedientes de intervenciones en entornos puede llegar a los 500 millones de euros al año”, ha indicado Bernal.
Los expedientes de autorizaciones de intervenciones en entornos de monumentos y jardines históricos son aproximadamente en la actualidad el 70% de los expedientes que informan las comisiones provinciales de Patrimonio Histórico. Se logra, por tanto, “una Administración más ágil sin perder seguridad jurídica puesto que, además, se refuerza el funcionamiento de las comisiones provinciales de Patrimonio Histórico mediante la incorporación a las mismas de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía”, ha puntualizado la Junta.
En materia de arqueología, se incorporan “innovaciones que agilizan y flexibilizan” los procedimientos relativos a actividades arqueológicas con el doble objetivo de clarificar la norma y de favorecer la actividad económica. Por una parte, se sustituye en algunos casos la autorización administrativa actualmente existente para ciertas actividades arqueológicas por una declaración responsable, “ahondando en la supresión de trámites administrativos innecesarios”. El promotor podrá iniciar la actividad que se encuentre en esta casuística sin tener que esperar autorización de la Administración.
Esta medida afecta a alrededor de 500 expedientes anuales que están generalmente vinculados a grandes proyectos de infraestructuras y proyectos de energías renovables, que verán gracias a esta iniciativa reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses. Se introduce una regulación “más clara” del régimen de solicitud y autorización de las actividades arqueológicas y Proyectos Generales del Investigación Arqueológica, facilitando la comunicación entre la Administración y el administrado, lo que “deriva en una reducción de trámites innecesarios”, ha insistido la Junta.
Además, se mejora la coordinación con los procedimientos de prevención y control ambiental y se incluye la codirección de actividades arqueológicas. En lo que respecta a Turismo, se recoge la modificación del Decreto de Municipio Turístico de Andalucía, con la finalidad de simplificar trámites que no aportan valor añadido y que suponían una dilación del procedimiento de declaración o supresión de Municipio Turístico de Andalucía. Se suprime la evacuación por parte de la Comisión de Valoración del informe preceptivo, dado que no aporta valor añadido al procedimiento. A efectos prácticos, esta simplificación conlleva la reducción del período de tramitación.
En cuanto a Deporte, se ha eliminado un trámite “redundante e innecesario”. En concreto, una modificación en relación a los litigios deportivos. En el texto preexistente se preveía una propuesta previa de resolución, con diez días para alegaciones del interesado, y a continuación una propuesta de resolución, con cinco días para alegaciones. Se preveía pues un trámite sucesivo de dos propuestas y dos plazos de alegaciones, que resultaba repetitivo y que nada aportaba en cuanto a los derechos del interesado ni en lo relativo al conocimiento suficiente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía para adoptar su decisión.
La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha calificado el decreto de “disparate” porque, ha argumentado, “tiene un problema desde el punto de vista de la seguridad jurídica enorme”. “Cambiar el paradigma de relación entre el administrado y la Administración hubiera requerido, como mínimo, de una iniciativa legislativa para que hubiéramos podido contar con informes preceptivos que hubieran ayudado mucho, no sólo a nosotros, sino también al Consejo de Gobierno a hacer su trabajo y hacerlo, nos parece, de manera mejor de la que se ha hecho”, ha remarcado.
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