SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes un expediente de gasto de 776,7 millones de euros para un período de cuatro años derivado de la concertación de plazas para la prestación de los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día ocupacional, para personas con discapacidad en situación de dependencia en Andalucía.
Se trata del concierto social para el mantenimiento de 13.323 plazas residenciales para personas con discapacidad en situación de dependencia.
De estas más de 13.300 plazas de titularidad privada objeto de concierto, 5.623 corresponden al servicio de atención residencial, 2.574 al servicio de centro de día, mientras que 5.126 corresponden al servicio de centro de día con terapia ocupacional para la atención de las personas con discapacidad, según una nota de la Junta de Andalucía.
Los conciertos, gestionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tendrán una duración máxima de ocho años, incluidas las prórrogas, que se supedita a la garantía de continuidad de la prestación o del servicio.
Además de la aprobación en la reunión del Consejo de Gobierno del gasto de los próximos cuatro años, se contempla una estimación de gasto idéntica para una única prórroga por otro período de otros cuatro años, de forma que el valor estimado del concierto ascendería a 1.553 millones de euros.
A estas plazas objeto de concierto social hay que sumar las de titularidad pública, como ayuntamientos o diputaciones provinciales entre otros, que hacen un total de 16.235 plazas concertadas o conveniadas con entidades públicas, privadas y mediante concesiones para la atención a personas con discapacidad en situación de dependencia que conforman el mapa de servicios sociales de Andalucía.
El Gobierno andaluz ha explicado que el concierto social se configura como un procedimiento abierto y dinámico que contrata las plazas en centros y la prestación de servicios a partir de la comprobación de la capacidad y solvencia de la entidad y la acreditación del centro de servicios sociales donde se hallen las plazas propuestas.
Y que se tiene en cuenta para la adjudicación de la plaza la libre elección de la persona usuaria, a partir de criterios de eficacia y eficiencia en el uso de los medios disponibles en el momento de la adjudicación, a partir de la resolución aprobatoria del programa individual de atención.
Junto con estas condiciones, también se incluyen cláusulas relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente.
El concierto social para la prestación de servicios sociales, que se regula en el Decreto 41/2018, de 20 de febrero, establece que las contrataciones a través de esta modalidad valorarán de forma especial circunstancias como la vinculación preexistente tanto afectiva como terapéutica de las entidades con las personas, la continuidad de las personas usuarias atendidas, la proximidad a la población destinataria favoreciendo el arraigo de la persona en su entorno y la atención personalizada, integral e interdisciplinar.
La Junta de Andalucía ha afirmado que “el objetivo es mantener la permanencia en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día”.
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