CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)
La Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado este miércoles los resultados de un trabajo de investigación en el que se pone de manifiesto la necesidad de “mejorar la accesibilidad de las personas presas a los recursos sociales para incrementar sus opciones de reinserción y evitar la reincidencia” en la provincia de Córdoba.
Tal y como ha indicado Apdha en una nota, en dicho estudio, titulado ‘Radiografía del acceso a los servicios sociales en el ámbito penitenciario en la provincia de Córdoba’ y financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, han participado personas presas, familiares y colectivos sociales que trabajan en el ámbito penitenciario.
El objetivo del informe era “constatar de forma fehaciente las dificultades de acceso a los recursos sociales que desde hace años vienen trasladando a la Apdha las personas presas y sus familiares a través de nuestro servicio de asesoría jurídica, confirmar el impacto negativo que ello tiene para el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia y plantear algunas alternativas de mejora de esta realidad”.
La asociación señala en el informe que “la Constitución afirma que las personas presas siguen teniendo en vigor todos sus derechos fundamentales, excepto los limitados en la sentencia condenatoria, y que la prisión tiene como principal objetivo la rehabilitación social”. Por lo tanto, “las administraciones, especialmente la penitenciaria, deben garantizar el acceso a los servicios sociales para garantizar ambos fines”.
Del estudio de Apdha se desprende que “uno de los principales problemas para que los poderes públicos hagan una apuesta real en esta dirección es la perspectiva social distorsionada sobre la realidad criminológica de España”, pues es “uno de los países más seguros del mundo”, con “48,8 delitos por cada 100.000 habitantes en 2022”.
En este sentido, ha detallado la asociación, “dentro de esa baja tasa de criminalidad, el peso de los delitos más graves es testimonial; asesinatos, homicidios y violaciones apenas representaron el 1,5 por ciento del total en el citado año 2022”.
Sin embargo, han lamentado, “la desinformación que propagan determinados discursos mediáticos y políticos fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponde con la realidad, lo que favorece un populismo punitivo que aboga por un constante endurecimiento de las penas y de las condiciones de vida en la cárcel”.
Del estudio de campo del informe se desprende que “la mayoría de la población penitenciaria de nuestra provincia ha cometido el tipo de delitos tradicionalmente relacionados con los contextos de exclusión social: contra el patrimonio (29%) o contra la salud pública (24%)”.
Las encuestas realizadas “desmienten la teórica laxitud y permisividad del sistema penitenciario español”, según Apdha, que ha afirmado que “el 43 por ciento de las personas encuestadas cumplían o habían cumplido penas privativas de libertad de larga duración (superiores a seis años), a pesar de la señalada escasa incidencia de la criminalidad más grave”.
Asimismo, “otra muestra de la dureza del sistema es el alto porcentaje (46%) de participantes en el estudio que se encontraban en los regímenes penitenciarios más duros (1er y 2º grado), donde está más restringido el acceso a los recursos que facilitan la rehabilitación y la preparación para la vida en libertad (programas formativos, trabajo penitenciario o permisos)”.
“ESPACIO MASCULINIZADO”
Otras de las conclusiones del informe es que “se confirma la prisión como un espacio masculinizado”, dado que “el 95 por ciento de las personas que se pudieron localizar para participar en el trabajo de campo, y el cien por cien de los usuarios de los programas ‘penitenciarios’ de las asociaciones contactadas, eran hombres”.
Al respecto, la asociación ha indicado que “representar una mayoría tan aplastante en la población carcelaria hace que los de por sí escasos recursos sociales existentes en prisión se dirijan prioritariamente a los hombres, generando un factor extra de exclusión para las mujeres presas”.
Haciendo referencia ya a la cuestión concreta del acceso a los servicios sociales, “existe un gran desfase entra los programas ofertados y los demandados por las personas internas. Así, mientras el recurso más ofertado es el de deshabituación del consumo de drogas (37%), éste es tan solo demandado por el 19 por ciento de las personas presas consultadas”.
RECLAMAN PROGRAMAS DE EMPLEO
Sin embargo, “reclaman prioritariamente programas de empleo (27%), siendo su oferta claramente insuficiente (13%), y prestaciones económicas (38%, algo totalmente entendible teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares), quedándose corta igualmente la oferta (29%)”.
También “llama poderosamente la atención la escasez extrema de programas de salud mental en prisión (9%) y la menor demanda aún por parte de los internos (1%), a pesar de la altísima incidencia de estas patologías entre las personas presas (algunos estudios indican que alrededor del 90% de la población penitenciaria española ha tenido algún problema de salud mental durante su vida)”, ha puesto de manifiesto desde Apdha.
Por último, la asociación ha remarcado que “aunque pueda parecer razonable a primera vista que no existan grandes oportunidades de acceso a la vivienda social para personas privadas de libertad (tan solo una oferta del 5% y exclusivamente una de las entidades consultadas tenía un programa de este perfil), el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión es esencial para poder acceder a la libertad provisional o a los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación”.
TASAS DE REINCIDENCIA
En opinión de Apdha, “todo este panorama no es inocuo, y está conectado con las altísimas tasas de reincidencia que se detectan en el estudio: el 54 por ciento de las personas encuestadas era reincidente (34% ‘multireincidente’, es decir, que habían cumplido tres o más condenas de prisión)”.
Para paliar esta situación, desde Apdha han propuesto “sustituir las penas privativas de libertad de corta duración por sanciones alternativas”, así como “adecuar los programas sociales ofertados a las verdaderas necesidades de la población penitenciaria (reforzar los recursos en materia de vivienda social, ampliar los puestos de trabajo penitenciario, incrementar los programas de formación laboral y priorizar la atención de la salud mental en prisión)”.
Además, desde la asociación proponen “coordinación entre los equipos de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales públicos no penitenciarios y las entidades de la sociedad civil” y promover campañas contra la desinformación acerca de la criminalidad y de sensibilización de la ciudadanía respecto a la legitimidad y necesidad de invertir fondos públicos en un sistema penal y penitenciario que priorice la reparación de la víctima y la rehabilitación del infractor”.
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