SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha aprobado el Plan de Inspección Programada en materia de Turismo para el año 2025 (PIPA 2025), que contempla entre sus “líneas estratégicas” los objetivos de “elevar el nivel cualitativo de la oferta turística de Andalucía, detectar los servicios turísticos clandestinos, asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios ante circunstancias homogéneas de la actividad empresarial”.
Así se recoge en el texto de la orden de la citada consejería que dirige Arturo Bernal, de 30 de diciembre de 2024, por la que se aprueba dicho plan de inspección, consultada por Europa Press tras ser publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La referida orden avanza que las líneas estratégicas de este plan “quedarán desarrolladas a través de los programas que se proponen, y entre los que cabe destacar aquellos cuyo objeto es la comprobación de la adaptación a cambios normativos de determinadas tipologías de establecimientos de alojamiento turístico, como son los programas dedicados a la verificación en los campamentos de turismo en su diversa tipología clasificatoria”.
Asimismo, la Consejería destaca un “programa dirigido a la lucha contra la clandestinidad en la prestación del servicio turístico de alojamiento mediante viviendas de uso turístico, establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural y viviendas turísticas de alojamiento rural”.
De igual modo, la orden precisa que, con el fin de “garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora en materia turística de la Junta de Andalucía”, la Consejería de Turismo “ha asumido la necesidad de proceder al desarrollo de una estrategia general en materia inspectora que contemple medidas preventivas y correctoras que doten de una mayor seguridad jurídica a los agentes del sector, y que muy especialmente permita acometer la lucha contra la existencia de servicios prestados en situación de clandestinidad”, que “afectan negativamente a la imagen de los destinos turísticos”.
A tal efecto –continúa aclarando la orden–, “se ha comenzado a celebrar convenios con las principales administraciones locales” de la comunidad autónoma “para facilitar el intercambio de información, así como para la utilización conjunta de medios o recursos materiales y personales, como parte de una estrategia más amplia que genere instrumentos de cooperación efectiva y confianza mutua entre los distintos agentes implicados”.
“Estas relaciones habrán de desarrollarse en un adecuado marco de transparencia, aprovechando los canales de comunicación que las nuevas tecnologías ofrecen”, avisa la orden aprobada el pasado 30 de diciembre.
ÁMBITO GEOGRÁFICO Y VIGENCIA DEL PLAN
El ámbito geográfico del PIPA 2025 “será el de la comunidad autónoma de Andalucía, correspondiendo a cada Delegación Territorial, en su ámbito respectivo, su cumplimiento y ejecución”, mientras que la vigencia del mismo “comprenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre” de este año, si bien “se entenderá prorrogada hasta la aprobación de un nuevo Plan de Inspección Programada Anual”.
Asimismo, la orden de la Consejería aclara que “el alcance del PIPA 2025 se extenderá a todos los titulares de explotaciones de servicios turísticos que, contemplados en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, hayan sido desarrollados reglamentariamente, de conformidad con lo establecido por el artículo 28.3 de dicha ley”.
OBJETIVOS
Como “objetivos” del PIPA 2025 se especifican los de “verificar el cumplimiento de la normativa turística y por ende, la detección de la prestación de servicios turísticos clandestinos”, e “informar y asesorar a las personas responsables de los servicios del ejercicio de sus derechos y obligaciones, garantizando el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos”.
En cuanto a sus “líneas estratégicas de actuación”, se enumeran las de “verificación del cumplimiento de la normativa turística” y “para evitar la prestación clandestina de servicios turísticos de alojamiento”, así como una tercera “para velar por el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos mediante la comprobación de las denuncias presentadas por deficiencias en la prestación de los servicios turísticos contratados”.
La cuarta y última línea estratégica de actuaciones es la de “información y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de las personas titulares de las empresas turísticas, ya sea a requerimiento de éstas o de oficio por el propio personal de la inspección de turismo”.
Cada una de las líneas estratégicas se desglosa en una serie de programas, como el dedicado al “control y verificación del cumplimiento de la normativa turística de aquellos alojamientos turísticos que inicien su actividad o que hayan efectuado modificaciones, especialmente las que hayan dado lugar a reclasificación del establecimiento”.
Para cumplir este programa, “se efectuarán visitas de inspección (…) a los establecimientos de alojamiento turístico y viviendas turísticas de alojamiento rural que inicien su actividad, en las que se formalizarán las actas de inspección que correspondan y, en su caso, se emitirán los informes técnicos que procedan”.
Asimismo, “se efectuarán visitas de inspección a los establecimientos de alojamiento turístico que hayan declarado modificaciones sustanciales, con especial atención a aquéllas que hayan dado lugar a una reclasificación del establecimiento”.
Otro de los programas incluidos en el plan tiene que ver con el “control del cumplimiento de la normativa turística en empresas que desarrollan actividades de turismo activo”, para lo cual se prevé requerir “a las empresas organizadoras de actividades de turismo activo para la verificación del cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 23 y 26 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo”, relativos a cuestiones como la “vigencia del seguro de responsabilidad profesional” o la “acreditación de conocimientos en materia de socorrismo o de primeros auxilios por parte del personal al servicio de la empresa”.
Además, el PIPA 2025 contempla un “buzón de colaboración ciudadana contra la clandestinidad en viviendas de uso turístico, establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural o viviendas turísticas de alojamiento rural que no se encuentren inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía”.
De igual modo, el plan contempla un programa de “verificación de denuncias interpuestas por las personas usuarias de servicios turísticos relacionadas con deficiencias en la prestación de los servicios turísticos, así como por los agentes de la autoridad o por cualquiera que ostente la condición de denunciante conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Finalmente, la orden que recoge la publicación de este plan establece que, una vez “ejecutado” el mismo “en su totalidad y, en todo caso, al finalizar el periodo de vigencia del mismo, se procederá a elaborar por cada Delegación Territorial una memoria final” que habrá de contener “un resumen total de actuaciones de los cuatro trimestres; la cuantificación definitiva de resultados obtenidos en la que se expresará el grado de cumplimiento efectivo del Plan”, así como “las propuestas y sugerencias para la mejora y elaboración del próximo Plan de Inspección Programada”.
Finalmente, “y tras el análisis de la información suministrada por las Delegaciones Territoriales, el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas elaborará un balance final que elevará a la Dirección General de Ordenación Turística”.
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