SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
Los órganos judiciales andaluces contabilizan hasta el momento 230 rebajas de condena derivadas de la redacción inicial de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo. Fruto de tales rebajas, pesan 27 excarcelaciones.
Así figura en el último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calcula que en el conjunto de España, se han producido al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones por la entrada en vigor de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces a fecha 1 de noviembre y recogidos por Europa Press.
En concreto, respecto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) figuran 25 rebajas de pena, derivadas en una excarcelación; de la Audiencia de Almería pesan 39 reducciones de pena con cuatro excarcelaciones, tras ser revisados 128 casos; de la de Cádiz 50 rebajas con ocho excarcelaciones; de la Córdoba 15 reducciones de condena con dos excarcelaciones, tras ser revisados 50 procedimientos; de la de Granada 19 rebajas y una liberación, tras revisar 35 sentencias; de la Huelva nueve revisiones a la baja con dos excarcelaciones, derivadas de 61 revisiones; de la Jaén cinco reducciones de pena tras 15 revisiones, de la Málaga 27 rebajas con tres excarcelaciones y de la de Sevilla 41 reducciones de pena con seis excarcelaciones, tras ser revisados 142 casos.
Ello, después de que en su conjunto, todos estos tribunales andaluces hayan revisado al menos 533 sentencias condenatorias, pues en la estadística no figura el dato de revisión de algunas de estas instancias, aunque sí incluye en todos los casos las reducciones de pena y las excarcelaciones.
Como consecuencia de dicha situación, el PSOE y el PP pactaron una reforma de la controvertida ley, no apoyada por Unidas Podemos, que cogobierna con los socialistas.
La reforma fue aprobada primero en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma; mientras votaron en contra Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y CUP, Junts se abstuvo y Vox no votó.
Después la reforma fue aprobada en el Senado con una votación similar y al no haber sido incorporada ninguna modificación en el texto en relación al que salió del Congreso, la nueva norma no tuvo que regresar a la Cámara baja y entraba en vigor el pasado 29 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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