SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El grupo Por Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que desde la Cámara se inste a la Junta a elaborar “un listado público de empresas sancionadas en firme por conductas fraudulentas y perjudiciales para las personas consumidoras que resulten infracciones graves o muy graves, con la expresa prohibición de contratar con ellas desde la Junta de Andalucía por un tiempo establecido en función de la gravedad de las infracciones cometidas y su posible reiteración”.
Así se recoge entre las reivindicaciones de esta PNL relativa a la protección de las personas consumidoras y productoras en Andalucía, consultada por Europa Press tras haber sido calificada de forma favorable y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento.
Por un lado, esta iniciativa del grupo de IU, Podemos y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda, plantea que desde el Parlamento se inste al Gobierno andaluz a realizar tres actuaciones con respecto a la Ley 13/2003, de defensa y protección de las personas consumidoras en Andalucía.
En concreto, Por Andalucía reclama a la Junta la creación y el “desarrollo efectivo” de la Comisión Coordinadora de la Inspección de Bienes y Servicios; la aprobación de un reglamento de inspección en materia de consumo, y la referida elaboración de “un listado público de empresas sancionadas en firme por conductas fraudulentas y perjudiciales para las personas consumidoras que resulten infracciones graves o muy graves, con la expresa prohibición de contratar con ellas desde la Junta de Andalucía por un tiempo establecido en función de la gravedad de las infracciones cometidas y su posible reiteración”.
Por otro lado, la iniciativa alude a la Ley 16/2021, que modifica la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y respecto a la misma quiere que desde el Parlamento se inste a la Junta a “presentar un informe detallado” a la Cámara, “antes de que finalice el presente periodo de sesiones, sobre las actuaciones realizadas por el Ejecutivo andaluz en el ejercicio de las competencias en materia de control, vigilancia y sanción reservadas a las comunidades autónomas en los artículos 26 y 28 de la Ley, así como de las medidas que va a adoptar para corregir su inacción en el ejercicio efectivo y ágil de las mismas”.
Con respecto a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, la PNL propone que por parte de la Junta se presente “un informe detallado” al Parlamento “antes de que finalice el presente periodo de sesiones”, en el que se contemplen “las actuaciones desarrolladas por la Agencia en el desarrollo de sus competencias y funciones, y recoja las medidas que va a adoptar para reforzar su actuación en defensa de las personas consumidoras, con especial atención en las medidas para prevenir y evitar el concierto de precios y o cualquier otro fenómeno que favorezca la especulación en el marcado alimentario”.
URGE LOS BONOS ‘CARESTÍA’ Y ‘FAMILIA’
Asimismo, Por Andalucía quiere con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a “poner en marcha, con carácter excepcionalmente urgente, los acuerdos recogidos en el pacto para el impulso económico y social de Andalucía firmado el pasado mes de marzo, relativos a la convocatoria del ‘Bono Carestía’ y el ‘Bono Familia'”.
Y, finalmente, que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “emprender una campaña extraordinaria de inspección, orientada en sus prioridades y ámbito de aplicación a la protección de los productores agrarios, ganaderos y pesqueros, así como a las personas consumidoras de Andalucía”, es otra de las reivindicaciones de esta PNL de Por Andalucía pendiente de debate en el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exposición de motivos de esta iniciativa, desde Por Andalucía se sostiene que esta comunidad autónoma “tiene un amplio margen de actuación para la protección” de las personas productoras y consumidoras del sector primario, teniendo en cuenta además que es “mandato constitucional y estatutario” llevar a cabo la “defensa y protección de un consumo responsable, informado y en un rango de precios acorde a la realidad social y las capacidades económicas de nuestra gente”.
Por Andalucía critica en esta iniciativa que “la crisis que venimos padeciendo, agravada por la invasión rusa de Ucrania y las tensiones inflacionistas (…), no ha merecido por parte del Gobierno de la Junta un paquete de medidas y recursos económicos propios con el que enfrentar de manera decidida las consecuencias del encarecimiento del coste de la vida y su impacto en las personas autónomas, las empresas o las economías domésticas”.
“Actuando como mera gestora de la distribución de recursos estatales o europeos”, la Junta “también viene fallando con estrépito, y su contumaz resistencia a aplicar sus competencias incluso cuando no comportan desembolso alguno está obstaculizando o ralentizando la actuación de otras administraciones que pongan freno a fraudes en el etiquetado, a la opacidad en la trazabilidad de la producción, a la venta a pérdidas, a la competencia desleal o a las prácticas especulativas que encarecen los productos básicos”, denuncia también Por Andalucía en la exposición de motivos de esta PNL.
De igual modo, la confluencia de izquierdas lamenta que la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, que desde el año 2007 es “el organismo autonómico encargado de velar por la defensa de la competencia en nuestra comunidad autónoma”, no ha realizado “una labor proactiva para evitar la concertación de precios en el sector alimentario, que está favoreciendo la impune práctica especulativa que alcanza a muchos productos”.
Finalmente, la iniciativa critica que, transcurridos más de seis meses desde la firma, el pasado marzo, del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía entre la Junta, los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Gobierno andaluz no ha convocado dos de las “medidas urgentes” contempladas en dicho acuerdo, en referencia al ‘Bono Familia’ y al ‘Bono Carestía’.
La iniciativa detalla que el ‘Bono Familia’ planteaba “ayudas directas a aquellas con menores en condiciones vulnerables y que seencuentren por debajo del umbral de pobreza severa”, mientras que el ‘Bono Carestía’ consistiría en “un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem –Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples– vigente”.
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