SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, que elabora, junto con la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, “con el objetivo claro de ofrecer una atención integral a las personas que requieren de atención sanitaria y reciben a la vez cuidados y apoyos de los servicios sociales”.
Esta estrategia, cuya aprobación definitiva se realizará “próximamente”, en tanto que sólo está a la espera de la aprobación de la memoria académica por parte de la Dirección General de Presupuestos, busca responder a las necesidades sanitarias de aquellas personas que, por diferentes causas, requieren adicionalmente de un cuidado social. “Son un grupo especialmente vulnerable, que exige de la Administración una atención especial, y el establecimiento de medidas concretas que den respuesta a las características de su demanda sociosanitaria”, ha afirmado García.
En la Estrategia se plantean las actuaciones precisas para que personas, con los problemas de salud que motivaron su ingreso ya resueltos, ocupen plazas residenciales y no plazas hospitalarias. En consecuencia, con su traslado a plazas residenciales, “se optimizarían los recursos públicos porque, en primer lugar, se liberarían camas en los hospitales y, en segundo lugar, el coste de la atención hospitalaria es mucho más alta que la de una plaza de residencia de personas mayores en situación de dependencia”.
Ante los cambios en el perfil sociodemográfico, epidemiológico y cultural que se está produciendo en los últimos años en la sociedad, que se concretan en el envejecimiento de la población y en el aumento creciente de las enfermedades crónicas y que muestra como principal síntoma un aumento de la fragilidad emocional y de la dependencia, al tiempo que precisa una atención sanitaria y social frecuente y simultánea, “el Gobierno andaluz, como el de otras comunidades autónomas y gran parte de los países, es consciente de que se hace necesaria una mayor adecuación de la atención sanitaria y social”.
“Ante situaciones de dependencia que requieren una coordinación planificada entre la atención sanitaria y la de los servicios sociales que garantice en todo momento la continuidad de los cuidados, a la vez que optimice los recursos públicos existentes, debemos focalizar la atención en potenciar la accesibilidad y facilitar la posibilidad de que los cuidados sanitarios y sociales puedan realizarse en el entorno habitual de vida de estas personas”, ha explicado la consejera.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y COORDINACIÓN
La Estrategia, por tanto, se marca como objetivo fundamental “garantizar el uso más racional de los recursos disponibles, evitando traslados, ingresos y estancias innecesarias y poco adecuadas a las características actuales de los hospitales”, ha añadido García. Así, como líneas concretas, fija reforzar la atención preventiva que evite la aparición o el empeoramiento de situaciones de dependencia; actuar como mecanismo de prevención ante reingresos; reducir la posible brecha de género existente en la intervención sociosanitaria de forma transversal.
No obstante, para que estos objetivos sean realmente factibles es necesario articular unas actuaciones concretas a través de líneas estratégicas, entre las que la consejera de Salud y Consumo ha destacado: implantar una estructura organizativa de coordinación sociosanitaria y un modelo de gobernanza; definir el contenido de la cartera y catálogo de servicios y las intervenciones sociosanitarias; y elaborar el marco normativo y de financiación del modelo de la atención sociosanitaria.
El pasado mayo se constituyó formalmente la Comisión Autonómica de coordinación sociosanitaria y se han puesto en marcha los primeros grupos de trabajo. El grupo 1 trabaja en la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información: por un lado, los de servicios sociales y, por otro, los de asistencia sanitaria y atención a las adicciones. Porque “lógicamente para el éxito del programa es fundamental que exista un canal eficaz de consulta de los diferentes dispositivos”, ha abundado la titular del ramo.
En este sentido, se trabaja en un proyecto de implantación del programa Diraya en todas las residencias de personas mayores de Andalucía, con una cuantía de 3,2 millones de euros, junto a la compra e instalación de ordenadores portátiles en las residencias como punto de acceso para la consulta de historiales cuando los profesionales del Servicio Andaluz de Salud realicen la asistencia.
Por su parte, el grupo 2 ya trabaja en los mecanismos de coordinación entre los distintos equipos locales intersectoriales.De hecho, ya han empezado a trabajar las comisiones provinciales para la coordinación sociosanitaria en las provincias de Almería, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, y se ultima la puesta en marcha del resto.
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