SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
El Gobierno andaluz ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una batería de medidas para que sean tenidas en cuenta en la elaboración del Plan de Contingencia de seguridad energética que el Ejecutivo central debe enviar a la Comisión Europea en septiembre y que recoge iniciativas dirigidas a impulsar el autoconsumo, a fomentar el ahorro y la eficiencia en la climatización e iluminación, y a favorecer el desarrollo de las energías renovables incrementando las inversiones estatales en la red de infraestructuras de transporte del sistema eléctrico.
Desde Andalucía se propone un conjunto de iniciativas que persiguen impulsar el autoconsumo, entre ellas, establecer objetivos vinculantes de implantación en las Administraciones Públicas para lograr que en un plazo de dos años el 7% de la electricidad consumida proceda de la generación propia.
Además, se plantea la simplificación de los contratos de las instalaciones que no contemplan verter el excedente a la red de distribución, así como la agilización y la creación de un marco normativo que favorezca la conformación de comunidades energéticas.
En el capítulo de medidas enfocadas a fomentar el ahorro y la eficiencia en los ámbitos de la climatización y la iluminación, se propone un fondo para la puesta en marcha de un Plan Renove para la sustitución de equipos de climatización, así como de electrodomésticos y aparatos domésticos que funcionan con gas natural.
Asimismo, se recomienda la realización de auditorías en edificios públicos y la optimización energética de los espacios de trabajo administrativos.
Para el Gobierno andaluz resulta fundamental el aprovechamiento del potencial de los recursos renovables de los que dispone Andalucía, pero para ello requiere de una red de infraestructuras eléctricas de transporte que permita su desarrollo y evacuación.
La comunidad andaluza cuenta con una red de transporte por habitante un 42% inferior al conjunto peninsular. Por esta razón, la Consejería de Política Industrial y Energía reclama que se incorporen nuevas inversiones en la planificación energética vinculante aprobada por el Gobierno central, ya que solo el 18% de las inversiones autorizadas coinciden con las que Andalucía ha solicitado y considera prioritarias.
En este sentido, la comunidad reclama inversiones por valor de 736 millones, volumen que le correspondería por peso poblacional, superficie y demanda eléctrica. Por otra parte, se plantea el fomento del uso del biogás y el impulso a la movilidad basada en gases renovables, la aceleración de la puesta en marcha de la hoja de ruta del hidrógeno verde y la electrificación de una parte del parque móvil de la Administración.
Además, el Gobierno andaluz considera que debe hacerse un uso más intensivo de los programas de ayudas dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, adaptando los mismos a las particularidades de cada comunidad autónoma y simplificando la tramitación administrativa de los programas.
La Junta ya trabaja en su propio plan La Consejería de Política Industrial y Energía trasladó al Consejo de Gobierno el pasado 8 de agosto un informe con las líneas en las que la Junta de Andalucía viene trabajando para impulsar un nuevo modelo energético, con el ahorro y la eficiencia energética en su propia administración como uno de sus objetivos más relevantes, y una batería de actuaciones que la Administración autonómica puede implementar en el corto, medio y largo plazo.
Así, entre las medidas que recoge se encuentran la ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con la finalidad de definir las acciones a acometer; análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes.
La Junta de Andalucía ya ha implementado iniciativas en su compromiso de combatir el cambio climático y la descarbonización de la economía.
Desde la pasada legislatura y por primera vez en la Administración autonómica, el 100% del suministro eléctrico a través del contrato centralizado de REDEJA procede de energías renovables, lo que contribuye a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales.
Otro ejemplo es la incorporación, desde el pasado mes de febrero, de una flota de 147 vehículos 100% eléctricos al parque móvil de la Administración autonómica.
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