Carolina España dice que no pidieron la recusación de Campo como ponente
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno andaluz ha reclamado este martes al Tribunal Constitucional (TC) que “supla” la decisión que ha tomado en esta jornada, de admitir a trámite el recurso contra el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas pero ha desestimado tomar medidas cautelares sobre este tributo, con “una resolución rápida” para propiciar “seguridad jurídica” a la demanda de fondo de la Junta de Andalucía, que es la invasión de competencias del Estado al crear ese nuevo tributo por cuanto deja sin efecto para los contribuyentes con un patrimonio neto de 3 millones de euros la bonificación al 100% que decidió Andalucía sobre el Impuesto sobre el Patrimonio.
Este planteamiento ha defendido este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Carolina España, quien, a preguntas de los medios, ha reconocido que “no, no hemos recusado, no hemos planteado la recusación” del ponente de esa admisión a trámite en el Constitucional, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, sobre cuya designación expresó el Gobierno sus dudas por su pasado como diputado socialista en el Congreso y haber desempeñado cargos en la Junta de Andalucía y haberse sentado en el Consejo de Ministros.
Esas dudas con la figura de Campo, que ha vuelto a proyectar en la rueda de prensa al retratarlo como “persona que ha sido de la máxima confianza del presidente del Gobierno”, aunque ha matizado que el rechazo a “las medidas cautelares no he dicho que sea por personas de confianza”, ha llevado a la consejera a recordar que “en otros temas el ministro se ha inhibido, se podría haber inhibido en éste como en otros temas” .
España ha situado esa admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía como un “empieza dándonos la razón” por considerar que es ese paso procesal entraña que “hay fundamentos y visos de inconstitucionalidad”, para seguidamente expresar el malestar del Gobierno andaluz con la negativa a considerar las medidas cautelares por cuanto “causa cierta inseguridad jurídica”, punto en que ha augurado que un futuro fallo favorable del Tribunal Constitucional obligaría “al Gobierno a devolver el impuesto con los correspondientes intereses”.
Tras considerar que “si no hubiera sido admitido a trámite hubiese sido un escándalo”, ha reconocido que “confiábamos en las medidas cautelares”, antes de defender que el recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas “pretende defender las competencias legítimas de la Junta de Andalucía frente a la invasión de competencias” que ha atribuido al Estado.
España ha reprochado al Tribunal Constitucional que “se han dado mucha prisa” en pronunciarse sobre la admisión del recurso, para reiterar entonces su reclamación de que tenga “la misma prisa en resolver el recurso sobre un impuesto inconstitucional que corta las alas a Andalucía, ahuyenta la inversión y que no existe en otro país de la Unión Europea”.
“El Impuesto sobre el Patrimonio no hay que pagarlo, declararlo, eso es importante que lo sepan”, ha señalado España en referencia a los contribuyentes andaluces, tras poner de manifiesto que el tramo comprendido entre los 700.000 euros y los 3 millones de patrimonio neto “hay una diferencia importante” para que sean beneficiarios de la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.
La consejera de Economía ha defendido que la presentación del recurso de inconstitucionalidad descansa en que “entendíamos que era un ataque a la autonomía financiera y había vulneración de principios constitucionales”.
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