SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del balance de actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de inspección urbanística y de ordenación del territorio, que cerró el año pasado con un “récord” de 2.149 actuaciones. El refuerzo de la inspección ha destacado por sus cerca de 500 precintos y, sobre todo, por el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.
Según se informa en una nota, la Junta de Andalucía ha apostado “por la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio”.
Gracias a este cambio de políticas, según se añade, “prácticamente se ha cuadriplicado el número de las principales actuaciones en materia de inspección, que ha ido creciendo año tras año”, pasando de las 557 de 2018 a las 2.149 de 2024. Una cifra récord que, comparada con el año anterior, ha crecido un 41% (1.521 en 2023). Si se atiende en concreto al número de parcelas y edificaciones objeto de expediente es 14 veces superior a los datos de 2018 (38 en 2018 frente a 546 en 2024).
Dentro de esta estrategia destacan los precintos, herramienta que no se utilizaba por la inspección autonómica antes de 2019 y que ahora es “pieza clave para prevenir nuevas infracciones y evitar la continuación de obras ilegales en curso de ejecución”, según la Junta.
En 2024, se precintaron 497 parcelas y edificaciones en construcción, 130 más que en 2023, mientras que en 2018 no se realizó ningún precinto. Estas actuaciones han impedido la construcción de alrededor de 500 viviendas ilegales en suelo rústico y desincentivando la construcción o venta de nuevas parcelas ilegales en zonas colindantes. Al mismo tiempo, se ha mantenido una presencia constante del personal inspector, con 824 actas de inspección abiertas, cinco veces más que en 2018 y 187 más que en 2023.
Además, se viene desarrollando una constante colaboración con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal, la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes.
A modo de ejemplo, durante 2024 se emitieron 144 informes periciales relacionados con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, y se han mantenido reuniones con la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de Andalucía o con representantes del Colegio Notarial de Andalucía.
Según la Junta, estos resultados han sido posibles gracias a una mayor descentralización de la inspección, que ahora tiene una mayor presencia en el territorio. Asimismo, se ha producido una mayor planificación de las actuaciones para ser más eficaces. Con este objetivo, se aprobó el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026, que establece líneas prioritarias de intervención como el control de las parcelaciones irregulares en suelo rústico o la protección del espacio litoral y los suelos preservados, priorizando siempre actuaciones incipientes.
Al mismo tiempo, se ha dotado a la Inspección de la Junta de Andalucía de herramientas tecnológicas, destacando la utilización de un servicio para detectar nuevas construcciones ilegales mediante la comparación cronológica de imágenes vía satélite de alta resolución. Con ello, “se garantiza una pronta reacción de la inspección, capaz de detectar los procesos de construcción irregular en una fase primaria”, según la Junta.
En paralelo, se han promovido los cambios legislativos necesarios para garantizar la eficacia de la Inspección autonómica. Entre otras cuestiones, la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), introduce el concepto de disciplina territorial y atribuye a la comunidad autónoma competencia directa para actuar en aquellos supuestos de mayor trascendencia. Además, refuerza los medios para evitar la consumación de infracciones mediante una pronta reacción basada en la práctica de medidas cautelares o la imposición de multas coercitivas.
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