SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se muestra “favorable” a una modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para que se incluya en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual una “prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”, tal y como se recoge en la iniciativa registrada el pasado 12 de julio por el grupo parlamentario Por Andalucía en la Mesa del Parlamento. Por Andalucía registró una Proposición de Ley a tramitar ante el Congreso de los Diputados para la reforma parcial de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en los términos que el Consejo de Gobierno apoya ahora.
Así aparece recogido en el acuerdo del Consejo de Gobierno de este pasado 26 de agosto, consultado por Europa Press. Fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, aclaran a Europa Press que “Andalucía ya se ha adelantado y la Ley de la Función Pública aprobada en 2023 recoge que se podrán realizar pruebas de situación para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual”.
Según la Ley andaluza, “se trata de adaptar los procesos selectivos a las necesidades de este colectivo mediante pruebas que simulen las condiciones y funciones del puesto al que aspiran para que puedan demostrar sus habilidades y capacidades”. La norma ya está en vigor y la Junta “ya está trabajando” para incluir este tipo de pruebas en los procesos que se convoquen, en los que dentro de las plazas reservadas para personas con discapacidad se incluye un cupo para aspirantes con discapacidad intelectual.
No obstante, “aunque lo que es competencia de la Junta se está desarrollando”, el Gobierno andaluz considera “adecuado y conveniente” que esta regulación se incorpore en la normativa básica de acceso al empleo público, como plantea la iniciativa de Por Andalucía. “La adaptación de las pruebas selectivos es un paso más en las políticas de la Junta que promueven la igualdad de derecho en el acceso a un empleo público del colectivo”, apostillan desde la Consejería.
En el marco de estas políticas, el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) tiene un convenio –renovado el año pasado– para fomentar el conocimiento de las administraciones y del empleo público entre las personas con discapacidad, especialmente entre los jóvenes; la participación de personas con conocimiento y experiencia en materia en los procesos selectivos; desarrollar cursos y jornadas de concienciación; elaborar materiales formativos accesibles y en lectura fácil; la edición conjunta de publicaciones y la realización de estudios e investigaciones; o potenciar el uso de cláusulas sociales en la contratación pública.
Igualmente, cuenta con un Programa de Acceso y Acogida para los empleados públicos con discapacidad intelectual que acceden al cuerpo de auxiliares administrativos, con el fin de facilitar su incorporación en la Administración Pública y lograr su integración. En 2023, un total 715 aspirantes se presentaron al examen de acceso para este cuerpo en el cupo reservado (correspondiente a las OEP de 2019, 2020 y 2021). “Para evitar a los opositores largos desplazamientos, se habilitaron sedes para los exámenes en las ocho provincias con zonas de espera para los acompañantes y antes del comienzo de cada parte del ejercicio, los responsables de aula dieron instrucciones con el modo de responder a las preguntas”, abundan desde la Junta.
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