El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler ha censurado “la insensibilidad del Ministerio de Hacienda con los valencianos y valencianas” tras confirmarse durante su reunión con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, que el ministerio “no atenderá” la petición que formalmente se les trasladó desde la Generalitat y desde más de medio centenar de ayuntamientos para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluyan una subvención para el transporte metropolitano de València.
Una reunión que Vicent Soler ha calificado de “absolutamente decepcionante” y tras la cual ha lamentado que “a estas alturas el Gobierno de España sea incapaz de entender el hecho singular del área metropolitana de València”. “Llueve sobre mojado porque este maltrato no afecta solamente a las condiciones de vida de la gente, sino también a costes diferenciales de nuestras empresa respecto a otros territorios, por lo que tanto la economía como la sociedad valenciana están discriminados”, ha apuntado a la salida el responsable de Hacienda del Consell.
Por su parte, los representantes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Vicent Boira, Carlos Domingo y María Pérez, han incidido durante su encuentro con Belén Navarro -a la que en el último momento se ha sumado también el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues- en “el derecho que tienen los habitantes del área metropolitana de València para acceder a unos servicios de transporte adecuados en idénticas condiciones que los de otras áreas” y le han pedido a la secretaria general que desde el ministerio “se reconsidere la postura y se rectifique, porque para garantizar la prestación del servicio de transporte a los usuarios del área metropolitana de València es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los de otras zonas”.
Por ello, el secretario autonómico ha pedido a los responsables del Gobierno central y del Ministerio de Hacienda que “atiendan la reivindicación de incluir una partida de 38 millones para el transporte metropolitano” así como que insten a los grupos parlamentarios que respaldan los presupuestos “a apoyar la enmienda que diversas formaciones políticas han anunciado que presentarán en este sentido”.
“Lo que hemos hecho es solicitarle al Ministerio de Hacienda una señal porque la Generalitat Valenciana ha hecho los deberes y todo lo que se le solicitó para recibir la ayuda para el transporte colectivo metropolitano”, ha incidido Boira tras detallar como ejemplo la creación de la Autoridad del Transporte, la existencia de una política de integración tarifaria y de coordinación entre organismos o el diseño de planes de movilidad.
“Pedimos una señal, que son los 38 millones de euros, que permitirían exponer al resto de áreas metropolitanas y de ciudades españolas que las acciones puestas en marcha por la Generalitat son las que deben hacer el resto de autonomías para mejorar la calidad de vida y transporte de los ciudadanos”, ha reiterado el secretario autonómico.
Ley de Financiación del Transporte Público Por su parte el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, y la gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), María Pérez, han confirmado tras la reunión que “el ministerio no dispone de ningún criterio técnico objetivo que avale la exclusión de la ATMV de recibir las subvenciones finalistas que en cambio sí que reciben Madrid, Barcelona y Canarias con 127, 109 y 47,5 millones de euros, respectivamente”, y han exigido la aprobación de una ley de financiación del transporte público “para que los criterios de reparto de las aportaciones estatales a este fin dejen de ser implícitos y de generar desigualdades entre territorios”.
“A diferencia de otros países europeos, España no dispone de una Ley estatal de financiación del transporte público, lo que impide que haya definidas unas reglas comunes y claras para que las áreas metropolitanas puedan optar a estos recursos”, han asegurado los representantes de la Generalitat antes de incidir en que ello provoca “un trato discriminatorio entre los ciudadanos y numerosos perjuicios a un sector que requiere planificación a largo plazo”.
De hecho, tras la reunión con el ministerio, los cuatro responsables del Consell han coincidido en que “ha quedado demostrado que la financiación del transporte público metropolitano es totalmente arbitraria, asimétrica y fluctuante y, en el caso valenciano, una vez más, discriminatoria”, por lo que han lamentado que, “pese a tratarse únicamente de una voluntad política, el ministerio no haya querido intervenir para instar a los grupos parlamentarios a aprobar durante la tramitación parlamentaria la enmienda solicitada”.
La gerente de la ATMV ha calificado por ello como “totalmente insuficiente” que el único compromiso adoptado por el ministerio haya sido la creación de una futura comisión bilateral de estudio que analice las necesidades del área metropolitana de València, cuántos recursos necesitaría, problemáticas o situación de partida. Una postura que han lamentado desde la Generalitat ya que, tal y como ha apuntado María Pérez “fiar los problemas de movilidad de hoy a un estudio de mañana es una respuesta totalmente insatisfactoria”. “Esperábamos que el Gobierno atendiera en este último trámite parlamentario la reivindicación de los valencianos pero lamentablemente no ha sido así”, han concluido desde la Generalitat.
Modelo dual de financiación del transporte Durante el encuentro, los representantes de la Generalitat también han mostrado a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local y al delegado del Gobierno su disconformidad con el “modelo dual” por el que el Gobierno central financia el transporte público, “ya que, mientras que para las áreas metropolitanas se instrumentan mediante líneas nominativas en los presupuestos, para los municipios se articulan a través de la ley de Haciendas locales y mediante un procedimiento de concurrencia competitiva”.
Además, todos los asistentes al encuentro han recordado la “dispar” cuantía con la que están dotadas cada una de las líneas, ya que, mientras para las áreas metropolitanas, a través de líneas nominativas, el Estado ha presupuestado 283 millones a repartir entre Barcelona, Canarias y Madrid, para los municipios únicamente consigna 51,04 millones de euros, que se reparten en función de criterios como la longitud de la red, la demanda, el déficit por billete o criterios medioambientales entre cerca de un centenar de poblaciones de toda España. En concreto, en el año 2017 fueron 92 las ciudades de más de 50.000 habitantes que recibieron ayudas al transporte a través de esta línea.
“El 85% de los fondos que el Gobierno destina al transporte lo reparte de forma subjetiva entre tres áreas metropolitanas, mientras que el 15% restante es el que incomprensiblemente va destinado al resto de España”, ha apuntado al respecto Josep Boira quien, por este motivo, ha incidido en que “no es entendible la negativa del ministerio a subvencionar la tercera área metropolitana cuando, además, respecto al año 2017, ha incrementado los fondos destinados a esta partida nominativa y, sobre todo, cuando desde el punto de vista técnico no se ha puesto ninguna argumentación sobre la mesa que justifique su postura”.
La cuantía de estas aportaciones, de hecho, ha ido incrementándose con los años sin basarse en criterios objetivos como la dimensión de la ciudadanía, la extensión de la red de transporte o el volumen de viajeros diarios, han informado desde la Generalitat, quienes también han recordado que desde 2011 hemos dejado de recibir 300 millones de euros.
En cualquier caso, los representantes del Consell han remarcado que “los dos canales de subvenciones estatales no son incompatibles, ya que la ATM de Barcelona recibe financiación por el canal metropolitano mientras que algunos municipios pertenecientes a dicha área metropolitana también reciben financiación vía las subvenciones a los municipios”.
Reunión en tiempo de descuento Finalmente, los representantes de la Generalitat han trasladado al Ministerio de Hacienda su malestar por “la escasa importancia” que le han dado a la reunión solicitada por parte de la consellera de Vivienda, María José Salvador, “a la que nos han convocado en tiempo de descuento al ser el último día que los grupos tienen de plazo para presentar enmiendas y poder acabar con esta injusta discriminación”.
En cualquier caso, han “apelado a la conciencia” tanto de los responsables de Hacienda como de los partidos políticos del Parlamento español “para no dejar discriminados a dos millones de usuarios del transporte público que reivindican un transporte de calidad, con mayores frecuencias, mayor eficiencia o menor contaminación” y por ello han reiterado su petición de que “de forma unánime se respalde en el Congreso de los Diputados la enmienda anunciada por algunas formaciones políticas para incluir los 38 millones de euros”. “No se trata de una cuestión política, sino de una reivindicación justa”, ha sentenciado el conseller de Hacienda.
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