Castilla y León cuenta por primera vez con una ley autonómica reguladora del transporte público de viajeros por carretera, aprobada el 12 de diciembre por las Cortes de Castilla y León, que será publicada en el BOCyL próximamente. Suárez-Quiñones se ha congratulado de la alta participación de todos los sectores implicados en su elaboración, lo que ha propiciado su aprobación sin ningún voto en contra.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido esta mañana el Consejo Regional de Transportes en su primera reunión tras la aprobación de la Ley de Transporte de Castilla y León, que establece por primera vez un marco jurídico legal estable y realista del transporte de viajeros por carretera y sus infraestructuras.
Suárez-Quiñones ha destacado el alto grado de participación de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que han trabajado para mejorar el texto inicial propuesto por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, logrando su aprobación sin ningún voto en contra. El consejero ha insistido en que la nueva ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias, con especial atención a las personas de movilidad reducida, así como su adecuada integración en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.
El texto de la ley incluye las propuestas y demandas del sector, que cuenta con 2.315 empresas, mueve 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta; todos ellos se verán afectados por el futuro vencimiento de las actuales concesiones por normativa europea.
El Consejo Regional de Transportes es el órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial en materia de transportes. Lo componen los agentes e instituciones con presencia o competencia en materia de transporte, tanto de viajeros como mercancías y otros, como sanitario, consumidores o sindicatos, entre otros.
Transporte de uso general
Respecto al transporte regular de uso general (autobús) la Ley reconoce el carácter universal y esencial al transporte público en la Comunidad, garantiza la accesibilidad universal del transporte público donde haya población fija, declara por primera vez este transporte como servicio público esencial de titularidad autonómica y establece por primera vez una serie de derechos exigibles por los usuarios del transporte, y especialmente de las personas con movilidad reducida.
Además, la norma incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario, de la Administración y de las empresas gestoras, busca una “movilidad sostenible”, establece un nuevo concepto de “transporte rural” como una realidad específica de Castilla y León, y da rango de Ley al Transporte a la Demanda y al transporte de prestación conjunta implantado en la Comunidad.
Por último, garantiza un futuro a las empresas de la Comunidad al reconocer expresamente la posibilidad de subcontratación en el sistema y también garantiza la estabilidad en el empleo de los trabajadores, con la previsión de la figura de la subrogación, que garantiza seguridad en el empleo ante el horizonte de cambio concesional y que prevé una importante participación de los sindicatos de trabadores en ese proceso de subrogación.
Taxi
La Ley contempla novedades que solicitaron las asociaciones del taxi y que han sido consensuadas con los grupos políticos. La norma posibilita el establecimiento de tarifas con cuantías únicas y predeterminadas y establece y unifica la imagen exterior de los vehículos, lo cual permite su perfecta identificación y prohíbe cualquier tipo de publicidad sexista o que atente contra los derechos de las personas.
En las zonas de difícil acceso y débil tráfico que no se hallen debidamente atendidas por servicios regulares de transporte, se permite la contratación por plaza y la realización de servicios con sujeción a calendario y horarios prefijados. Los taxis interurbanos deberán estar equipados obligatoriamente con aparato taxímetro debidamente precintado y homologado y deberán portar un módulo luminoso exterior que señale la disponibilidad.
El texto regula la contratación previa, telemática o telefónica entre el titular del taxi y el cliente, de tal manera que los usuarios podrán subir al vehículo en distinto término municipal a aquel en el que esté domiciliada la licencia de taxi y siempre que el servicio contratado tenga por destino efectivo el municipio en el que está domiciliada la licencia del taxi.
También regula la existencia de puntos específicos de demanda, como aeropuertos, estaciones de trenes, centros sanitarios, hoteles, eventos extraordinarios, ferias, etc., donde se podrá establecer un régimen especial de prestación del servicio de taxi y se posibilita que los titulares de licencias de taxi adaptado puedan realizar sus servicios PMR con origen y destino en todos aquellos municipios que carezcan de licencia de taxi adaptado.
VTC
Otro de los puntos de la reunión se ha centrado en informar sobre el Real Decreto- Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de junio de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor VTC. Este Real Decreto habilitó de forma unilateral a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación previstas para dichos vehículos en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.
Actualmente no existe en Castilla y León problemática en relación con el sector VTC, si bien es preciso que el Ministerio de Fomento ponga en funcionamiento el registro electrónico de VTC establecido por el Real Decreto 1076/2017. Así mismo, se ha creado en el seno del Ministerio de Fomento un grupo de trabajo con el objeto de lograr una regulación uniforme y armonizada de todas las comunidades.
En Castilla y León existen a fecha actual 314 autorizaciones de VTC, sin que quede ninguna pendiente de decisión judicial. Coexisten, a su vez, 2.307 autorizaciones de taxi. La Junta ha detectado que solo operan 117 vehículos con licencia VTC, sin que se realicen tráficos de carácter urbano.
Transporte de mercancías
En relación con el sector del transporte de mercancías por carretera, es preciso recordar que el 85 % de todo lo que consumimos se mueve por carretera. En Castilla y León este sector aporta más del 3 % del PIB regional y da empleo a cerca de 94.000 personas.
Por ello, es importante reseñar que el Consejo Europeo aprobó el 4 de diciembre el Paquete Legislativo de Movilidad y, con ello, el conjunto de normas que modifica la actual regulación europea (Los Reglamento UE 1071/2009, 1072/2009 y el 561/2006). Este Paquete de Movilidad regula aspectos tan importantes como las condiciones de acceso al mercado, los requisitos de establecimiento de empresas y su importancia en la lucha contra las “empresas buzón”, la regulación del salario mínimo de los trabajadores desplazados como instrumento de lucha contra el “dumpping social,” la vuelta a casa de los conductores, el transporte internacional y el cabotaje y, por último, la puesta en funcionamiento del llamado tacógrafo inteligente.
Por otra parte, durante la reunión se ha destacado el compromiso asumido por el Ministerio de Fomento en relación a la aprobación y entrada en vigor en enero de 2019 de la modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, una vez que se han incorporado los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo sobre flota mínima y antigüedad de los vehículos.
Así mismo, a partir de enero entrará en vigor el visado de oficio y, con ello, la desaparición física de las tarjetas de transporte, lo cual redundará en una más ágil realización de los trámites administrativos y facilitará las relaciones entre la Administración y los transportistas.
Plan de Inspección
Por otro lado, el consejero ha presentado también al Consejo Regional de Transportes el borrador del Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León, que entrará en vigor en 2019. El Plan presta una gran atención a las nuevas tecnologías, entre ellas, la utilización de tablets en control en carretera, la implantación del procedimiento de inspección por vía telemática y el intercambio de datos entre administraciones.
El Plan de Inspección establece nuevas áreas en las que reforzar el control de exceso de peso, las plataformas de paquetería y un plan específico de inspección de los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Se incluye un especial control del transporte realizado por no residentes y de las cooperativas de trabajo asociado.
Asimismo, contempla la vigilancia y control selectivo, entre otros, de los servicios de transporte de mercancías peligrosas y del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y menores. Todo ello en estrecha e imprescindible colaboración con la Guardia Civil.
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