Las Cortes de Aragón han aprobado hoy la norma impulsada por el Gobierno autonómico, que actualiza el texto de hace 25 años y responde a la realidad social de la Comunidad
Aragón cuenta ya con una nueva Ley de la Actividad Física y el Deporte que actualiza la norma existente desde hace 25 años y responde a la realidad social. El proyecto de ley remitido por el Gobierno de Aragón a las Cortes ha sido aprobado hoy por los grupos políticos tras superar el periodo de enmiendas y el debate parlamentario. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, ha explicado que la ley muestra el compromiso del Gobierno en materia de deporte porque lo considera un derecho ciudadano y se hace mayor hincapié en la colaboración interinstitucional para la promoción del ejercicio de ese derecho. Además, por primera vez se amplía el concepto a regular a la actividad física y el deporte, no solo al deporte. La consejera ha recordado, asimismo, que resultaba necesario adecuar la norma a las modificaciones normativas en materia de asociaciones, lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia y otras cuestiones como la protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje.
A la sesión del pleno han asistido representantes del sector deportivo aragonés, el director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, y el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano.
La Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón enumera los principios rectores que deben inspirar la planificación y ejecución de la acción de Gobierno en esta materia. Contempla la creación de un observatorio aragonés de la actividad física y el deporte para la consulta y asesoramiento de las políticas públicas. Se contará también con una comisión de igualdad de género en el deporte. En este sentido, establece que deben desarrollarse acciones de sensibilización y difusión del deporte femenino.
La norma recoge la creación de un Tribunal Administrativo del Deporte Aragonés, unifica la actuación disciplinaria y modifica el régimen disciplinario incorporando nuevos tipos de faltas (no exclusivamente de competición, sino todas aquellas vinculadas con los aspectos regulados en esta ley).
Se introduce el concepto de cohesión social y deporte y se crea un capítulo de intenciones de políticas públicas, relativo a la práctica ciudadana de la AF y el deporte, que incorpora el reconocimiento del deporte en el ámbito laboral.
Entre las novedades recogidas en el texto, se detalla la obligación de disponer de desfibriladores externos semiautomáticos en los centros escolares –con un periodo transitorio para su incorporación- y en las instalaciones con 300 o más usuarios diarios.
En cuanto a las federaciones, se limita el número de mandatos de los presidentes a tres completos o dos completos y uno incompleto.
Por otro lado, en el ámbito de la actividad deportiva se reconoce la figura de los árbitros y jueces, y técnicos; se diferencia las competiciones deportivas oficiales de las no oficiales (con una regulación más exhaustiva de estas últimas); se crea el Plan de la Actividad Física y el Deporte Escolar en Aragón; se reconoce a los centros de tecnificación deportiva y las selecciones deportivas aragonesas, así como la adopción de medidas de conciliación de estudios y entrenamiento; se eliminan expresamente los derechos de formación y retención con menores de 16 años y se simplifica el régimen jurídico de los clubes deportivos, entre otros asuntos.
En cuanto a la Escuela Aragonesa del Deporte, se establece como el órgano de coordinación, desarrollo y seguimiento del Gobierno aragonés en materia de formación de técnicos deportivos (reglada y permanente no reglada).
El procedimiento para contar con esta nueva ley comenzó en septiembre de 2016, con la publicación de una orden firmada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte. Esta norma es fruto de un proceso participativo y nace tras el trabajo del Gobierno de Aragón para planificar y racionalizar las políticas públicas en materia de deporte a través de la elaboración de un Plan Estratégico. En este se marcó como objetivo la necesidad de disponer de un nuevo escenario normativo.
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