La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presidido la reunión de la Mesa General de la Función Pública Valenciana, donde se ha cerrado el trámite de negociación con los sindicatos para la aprobación de la nueva ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla.
La consellera ha mostrado su satisfacción porque la ley ha sido “muy consensuada” con los sindicatos a quienes se les ha aceptado entre el 70% y el 85% de las alegaciones presentadas.
Con la reunión de este miércoles, el anteproyecto de la Ley de la Función Pública Valenciana supera otro trámite desde que se inició su elaboración para solventar los problemas detectados en la Administración de la Generalitat por una comisión de expertos constituida, en marzo de 2016, a instancias de Gabriela Bravo.
La norma, además, también contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el ‘Libro violeta de la Función Pública Valenciana’, elaborado por expertos en perspectiva de género. Además, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la última ley de Función Pública (2010) y las modificaciones realizadas en la legislación estatal, era conveniente crear un nuevo marco jurídico con rango de ley.
Para Gabriela Bravo, esta ley “era uno de los objetivos prioritarios de la Conselleria” porque “la transformación de la Administración Pública valenciana pasa, necesariamente, por una nueva organización, por una nueva metodología, por una nueva forma de selección y una nueva manera de incentivar al personal”.
El anteproyecto se estructura en siete ámbitos de actuación que afectan a la organización de la Administración de la Generalitat; el régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores y las políticas para garantizar la igualdad de sexos.
En este sentido, la consellera ha destacado que la norma apuesta por “la transparencia, la modernización, el talento y la regeneración”. Estos objetivos se conseguirán gracias, precisamente a cambiar el sistema de selección y “blindando que el 50% de las plazas que salgan sean por oposición libre”
El texto prevé que el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se convierta en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP). Este organismo, que tendrá rango de dirección general. La EVAP será quien garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat.
La EVAP, además, creará una comisión de selección (con tribunales permanentes) que será la encargada de diseñar las pruebas de acceso y velará para que se cumplan las condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
El anteproyecto de ley incluye una drástica reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 87.
Para flexibilizar y agilizar la gestión también se introducen las denominadas “agrupaciones de puestos de trabajo”, que incluye la posibilidad de establecer grupos funcionariales en determinados ámbitos atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares.
La nueva norma obliga a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en trabajar en ella. Por ese motivo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal. De esta manera, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.
Además, la ley incluye la obligación de que, al menos el 50% de los puestos de cada oferta pública de empleo de la Generalitat y su sector instrumental, sean de acceso libre mediante concurso-oposición. En este sentido, también se limitará al 20% el número de plazas que podrán ser ofertadas en promoción interna.
El anteproyecto de ley también incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas. Por otro lado, también se mantiene también la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas con personas con diversidad funcional o sensorial.
El texto normativo también regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat. Como punto de partida se ha asumido el acuerdo alcanzado por los sindicatos CC OO, Intersindical y UGT sobre la competencia lingüística que ha de acreditar el personal al servicio de las administraciones valencianas.
En este sentido, el anteproyecto contempla que esta materia sea desarrollada mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental). Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral).
Bravo ha recordado, no obstante, que la ley contempla la excepción “para el ámbito sanitario” y que la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación”.
El anteproyecto de ley también incorpora una serie de medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas se establece que los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat tendrán carácter vinculante y se garantizará que los miembros de los órganos de selección de personal tendrán formación en igualdad.
En todo caso, la ley recogerá la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación y, en general, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad. No solo el permiso de paternidad ya se ha ampliado de cuatro a seis semanas, sino que el anteproyecto establece que no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.
Respecto a esta última materia, la futura ley establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30 por ciento o menos para hacer efectiva /su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras. Además, la normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo necesiten.
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