La directora general de Inclusión Social, Inma Carda, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por las administraciones y la sociedad valenciana en la operación ‘Esperanza Mediterránea’ de acogida del barco Aquarius, como buena práctica política en materia de acogida de personas refugiadas, que consiguió devolver a la sociedad valenciana, “su dignidad como pueblo acogedor, solidario y humanitario”.
Un trabajo, ha asegurado, realizado desde “el compromiso político y la ética humana” pero, sobre todo “desde la obligación legal con las personas que huyen de la barbarie, de la guerra, de la crisis medioambiental” y que ha demostrado que hay “otras formas de trabajar los flujos migratorios”.
Por ello, ha reiterado al Gobierno de España la necesidad de realizar “políticas valientes en materia de migración donde se fortalezcan presupuestos sociales, se cree un verdadero corredor humanitario que proteja a las personas refugiadas de las mafias de trata de personas y se cumplan los acuerdos de reubicación y reasentamiento de las personas acogidas en campos de refugio”.
Carda ha participado en la jornada del proyecto WIR sobre el fenómeno de la migración y la acogida e integración de las personas refugiadas en la Unión Europea de la Universidad de Alicante, dónde se han abordado experiencias de gestión en materia de inserción sociolaboral con población inmigrante, personas refugiadas y personas en situación irregular administrativa.
En su intervención, la directora general de Inclusión Social ha destacado que, en tan solo 6 días, se organizó todo el dispositivo de primera acogida en coordinación con diferentes administraciones públicas, autoridad portuaria, Marina y entidades sociales., a lo que se unió el soporte de la mayoría de la sociedad civil que “se volcó en prestar sus conocimientos, servicios y enseres”.
Inma Carda ha recordado que, en España, la acogida de personas refugiadas es competencia del gobierno central y por tanto, la coordinación entre el gobierno estatal y autonómico “fue crucial para el buen resultado”.
En este sentido ha destacado el papel de la Vicepresidenta, Mónica Oltra que coordinó directamente el operativo bajo la premisa de “garantizar los derechos humanos” y ha subrayado que el acogimiento de las personas de la flotilla se realizó desde “el máximo respeto hacia las personas que viajaban en la embarcación y se solicitó desde el primer momento que se garantizaran los derechos humanos de cada una de las 629 personas”.
Carda ha detallado que el dispositivo que se preparó para la acogida en Puerto contaba con un equipo de salud pública para atender cualquier circunstancia sanitaria, asistencia social realizada por Cruz Roja como entidad social con competencia en acogida de emergencia; y posteriormente la atención con los cuerpos de seguridad del estado para comprobación de identidades y la información relativa a la solicitud de asilo.
El mismo domingo, 17 de junio, las personas acogidas fueron trasladadas a un Centro de recepción temporal habilitado ex profeso que se cerró el 26 de julio porque todas las personas fueron rehubicadas dentro del sistema de acogida estatal de asilo.
Transversalmente, ha asegurado la directora de Inclusión Social, dentro de la garantía de derechos humanos se dotó de dos servicios formados por personal voluntario que consistían en el servicio de interpretación gestionado desde la Conselleria de Educación y el servicio de letrados y letradas especializados en asilo, trata y menores.
Así, ha confirmado, “cada persona fue acompañada en lo relativo a interpretación de lengua y cultura en los primeros días de llegada a València”, y también de una persona experta en derecho de asilo para aconsejar en el trámite ante los agentes de la policía y se prestó especial atención a las personas menores no acompañadas y a las mujeres víctimas de trata y violencia de género.
Precisamente, ha precisado Carda, se adecuó un dispositivo especializado con personal de la Conselleria de Igualdad e Inclusión y la colaboración de profesionales especializados en el ámbito judicial para atender a las 88 mujeres que viajaban en el Aquarius y las personas menores no acompañadas, cerca de 120, en un primer momento.
La directora general de Inclusión Social ha aprovechado su intervención para “reconocer a cada persona, entidad, institución que trasladaron mensajes de agradecimiento por la decisión política” y también a entidades y empresas por las ayudas en materiales ofrecidas y a las personas voluntarias por su altruista labor.
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