La consejera María Jesús Álvarez anuncia una campaña publicitaria para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos de las capturas ilegales
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales usará drones en las labores de control de la pesca furtiva de percebe, con el fin de mejorar los servicios de inspección y llegar a zonas de difícil acceso, además de recabar pruebas contra los infractores. Así lo ha manifestado hoy la consejera María Jesús Álvarez durante su visita a la Cofradía de Pescadores de Puerto de Vega, en Navia. Álvarez ha indicado que estos vehículos aéreos no tripulados se emplearán, en esta primera etapa, tanto en inspecciones rutinarias como en otros controles puntuales, ya sea por denuncias o sospechas de que en algún lugar se práctica la pesca ilegal. En estas labores se utilizarán robots profesionales de altas prestaciones, capaces de efectuar vuelos nocturnos y en condiciones atmosféricas adversas. Los drones incorporan sensores con estabilizadores que permiten la grabación en alta definición y de imágenes térmicas con monitorización en directo desde una unidad móvil de puesto de mando avanzado. El Principado también ha adquirido este año tres vehículos 4×4, que ha cedido a las cofradías de pescadores de Tapia de Casariego, Oviñana y Luanco para realizar labores de vigilancia de los planes de explotación. La titular de Desarrollo Rural ha expresado la preocupación de la consejería por el furtivismo. Esta actuación, además de dañar de forma casi siempre muy importante los recursos naturales y comprometer su sostenibilidad, provoca una merca económica irreparable a los pescadores y mariscadores profesionales, ha subrayado. En cuanto al perfil del furtivo, la consejera ha señalado que se corresponde con un individuo que captura un número muy elevado de kilos, que actúa en grupo de manera cuasi profesional y de forma reincidente. La Dirección General de Pesca Marítima cuenta con 16 agentes de vigilancia pesquera que trabajan distribuidos en cuatro equipos. A esta plantilla se suman los guardapescas de las ocho cofradías que tienen planes de explotación, sin olvidar la inestimable cooperación del Seprona y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ha subrayado Álvarez. 9.473 actuaciones en 2017 La consejera ha detallado que en 2017 se llevaron a cabo 9.473 actuaciones, de las que 4.226 estuvieron relacionadas con pescadores deportivos, 1.754 con el marisqueo profesional y furtivismo de percebe y 1.430 con embarcaciones profesionales. Además, se efectuaron 721 inspecciones relacionadas con la comercialización de los productos pesqueros. En total, se comisaron 4.564 kilos de diferentes especies, así como 287 bienes, mayoritariamente nasas, palangres y útiles de pesca submarina. Los responsables de estas labores de inspección y vigilancia recorrieron 127.702 kilómetros en vehículos terrestres y realizaron 539 horas de navegación. Por otra parte, Álvarez ha destacado que la Dirección General de Pesca ha elaborado recientemente el plan de explotación del percebe para la zona Avilés-San Juan de la Arena, por lo que Asturias ya cuenta con ocho proyectos de este tipo. Estos planes se han revelado como una pieza estratégica para la pesca profesional, constituyen una actividad alternativa para el pescador y constituyen, para la mayor parte de las cofradías, una pieza clave en su economía, ha valorado. La titular de Desarrollo Rural ha destacado que en 2017 se capturaron más de 50.000 kilos de percebe, que alcanzaron un valor comercial de 1,3 millones, con un precio medio de 26,5 euros por kilo. Asimismo, ha avanzado que el mes pasado se pescaron casi 10.000 kilos que, con un precio medio de algo más de 28 euros por kilogramo, alcanzaron un valor de 270.592 euros. La consejera ha presentado también la primera campaña publicitaria de sensibilización contra el furtivismo, que busca concienciar a los ciudadanos y, de forma particular, a quienes comercializan o compran percebe, sobre la necesidad de rechazar los que provengan de la pesca ilegal. No hacerlo implica colaborar con un furtivismo que esquilma el ecosistema y provoca un daño irreparable al recurso, además de incidir negativamente en un sector profesional, regulado, legal, comprometido y sostenible, ha concluido.
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