La nueva renta valenciana de inclusión, que unifica ayudas y prestaciones para proteger a las personas en riesgo de exclusión ha cumplido sus primeros seis meses desde que se puede solicitar en los centros municipales de servicios sociales. Por esta razón, la concejala de Inserción Social y Laboral, Isabel Lozano, ha hecho balance de la tramitación a nivel municipal de esta prestación. Concretamente, los once centros municipales han tramitado 2.451 solicitudes, de las cuales ya han resuelto de manera positiva para el usuario o usuaria 561 peticiones.
Como ha recordado la concejala Isabel Lozano «el Ayuntamiento, además de tramitar las solicitudes, también desarrolla tareas para detectar familias y unidades de convivencia que están en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas personas que viven en albergues, en infraviviendas o en la calle. Así mismo, el personal técnico municipal se encargará de hacer seguimientos de los casos y de los diferentes programas de inclusión, y para llevar a cabo esta atención de proximidad, nos dotaremos de más personal en los centros de servicios sociales».
Esta norma autonómica garantiza el derecho de tener cubiertas las necesidades básicas a aquellas personas y unidades de convivencia que no disponen de los recursos suficientes para hacerlo. Además, ha explicado Lozano «Los beneficiarios tienen la opción de insertarse en un plan de inclusión integral que aborda necesidades formativas, laborales, educativas o de vivienda, para no cronificar su situación y romper así con el círculo de la exclusión y la transmisión intergeneracional de la pobreza».
La ley cuenta con cuatro tipos de prestaciones, según las necesidades que tengan los diferentes sectores de la población. Las modalidades que se han empezado a aplicar este año, que son las de inclusión social (el titular subscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social), y la de ingresos mínimos (el beneficiario de la cual no subscribe este compromiso), pueden incluir en los dos casos incrementos de hasta el 25% para hacer frente al pago de la vivienda o a situaciones de pobreza energética.«A partir de 2019 empezará a tramitarse la renta complementaria de ingresos al trabajo, y otra ayuda que tiene el objetivo de completar el dinero que reciben los ciudadanos vía prestaciones sociales básicas como las pensiones o el seguro de desocupación», ha explicado la concejala.
Por número de solicitudes tramitadas, destacan los centros municipales de servicios sociales de Salvador Allende (con un total de 631 tramitaciones en marcha o finalizadas), el de Patraix (con 290) y el de Sant Marcel·lí (con 247).
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