De ellos, más de 2.000 pertenecen al ámbito jurídico y de la abogacía de la Comunidad, cerca de 500 en Valladolid. Otros colectivos profesionales que han participado en esta legislatura en cursos de formación especializada en materia de violencia de género son psicólogos, farmacéuticos, profesionales del derecho o coordinadores de caso de las corporaciones locales, además de haber participado en estas iniciativas de formación desde otros ámbitos, como es el caso de los medios de comunicación. Estos cursos, que se desarrollan por tercer año, son una iniciativa con la que Junta y Colegio de la Abogacía siguen reforzando su estrecha colaboración en materia de lucha contra la violencia de género, tanto en materia de formación especializada como en las prestaciones que ponen a disposición de las víctimas.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, junto con el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Garicano Añíbarro, ha inaugurado el curso de ‘Formación continua y especializada en materia de Violencia de Género para abogados’, del que este año se cumple ya su tercera edición. Estos cursos se desarrollan en las nueve provincias de la Comunidad con el objetivo de facilitar un programa de formación continua y especializada para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados en general y, en particular, los adscritos del turno de oficio de asistencia a víctimas de violencia de género.
Alicia García ha señalado que, frente a la violencia de género, es esencial la colaboración institucional y profesional, así como una formación específica para una mejor atención a las víctimas. Precisamente, la formación especializada a los profesionales es uno de los pilares fundamentales de modelo de atención integral ‘Objetivo Violencia Cero’, impulsado por la Junta de Castilla y León desde diciembre de 2015. A través de este modelo se ha trasladado formación específica a más de 4.000 profesionales de la Comunidad que trabajan en estos ámbitos, como son psicólogos, coordinadores de caso de entidades locales, farmacéuticos o profesionales del derecho, formación en la que también han participado otros colectivos, como el de los medios de comunicación.
El ‘Curso de formación continua y especializada en materia de violencia de género’, aborda a lo largo de dos días temas significativos y de actualidad como el del consentimiento, la prueba, la valoración del riesgo o la labor coordinada realizada desde distintas instituciones vinculadas a los Servicios Sociales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Gracias a estos cursos, desde hace tres años más de 2.000 abogados y otros profesionales jurídicos de Castilla y León han recibido información especializada, 500 de ellos en Valladolid.
Estrecha colaboración entre Junta y Colegio de la Abogacía
Además de la formación especializada, esencial dentro del modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades viene colaborando en los últimos años de forma muy fructífera con el Colegio de la Abogacía de Castilla y León en el impulso de iniciativas en beneficio de las personas víctimas.
Para ello, en 2016 se firmó un convenio entre ambas partes que ha permitido poner en marcha servicios específicos en este sentido. Uno de ellos es la atención gratuita a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, que les permite contar con un abogado especializado en todos los procesos y procedimientos que tengan vinculación. Este nuevo servicio ha supuesto la creación en todas las provincias de un turno de oficio específico para la atención a víctimas de agresiones sexuales, con teléfonos de atención 24 horas al día todos los días del año.
Junto a esto, otro de los servicios consiste en que se ha posibilitado la atención profesional gratuita para los menores huérfanos y personas dependientes de mujeres asesinadas por violencias de género, para el asesoramiento jurídico en todo tipo de cuestiones civiles, tributarias o administrativas. Precisamente, este año la atención profesional gratuita se amplía a otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de la víctima.
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