La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha presentado, en la sesión plenaria inaugural del curso político 2018-19, el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura para iniciar, así, el debate parlamentario previo a su aprobación por parte de la Asamblea de Extremadura.
La consejera ha agradecido el trabajo de las asociaciones memorialistas e instituciones que han trabajado los últimos años por la recuperación de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas en Extremadura y ha destacado que la región fue una de las primeras comunidades autónomas en impulsar, desde las políticas públicas, un plan de intervención a través del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.
Sin embargo, Iglesias ha abogado por dar un paso más y “convertir la dignidad en ley y la voluntad en derecho”.
En ese sentido, Iglesias ha afirmado que “la memoria es parte indispensable de nuestro patrimonio inmaterial, parte de nuestra cultura; y el relato, por doloroso que sea, ha de ser puesto de manifiesto como garantía de no repetición”.
Asimismo, la consejera ha aseverado que tras 40 años de democracia “aquellos que sufrieron represalias” están muriendo y por este motivo esta iniciativa legislativa “no solo es necesaria, sino además urgente” ha dicho.
La titular de Cultura ha definido el Proyecto de Ley como una “Ley de Reparación” y como un “llamamiento a la concordia para avanzar en el presente y construir el futuro cerrando las heridas del pasado”.
Iglesias ha explicado que el Proyecto de Ley surge después de un intenso proceso de participación social y ha descrito los diferentes apartados del texto.
Así, la consejera ha explicado, entre otros aspectos, que el texto incluye, la elaboración de un censo público de víctimas, un mapa de fosas comunes y la reglamentación a la que habrán de ajustarse las intervenciones en las fosas (Título Preliminar); una clasificación detallada de las víctimas y una definición del proceso de exhumación (Título I); la reparación y el reconocimiento de las víctimas estableciendo el procedimiento de concesión de una indemnización a las personas ex presas y represaliadas políticamente que sufrieron privación de libertad y/o trabajos forzados (Título II) ; la definición y protección de la documentación relativa a la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura (Título III); el reconocimiento de las entidades memorialistas como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas del franquismo, la creación de un registro de entidades y el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura (Título IV); el desarrollo de instrumentos administrativos como el Plan de la Memoria Histórica de Extremadura y el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura (Título V), y el desarrollo de un régimen sancionador (Título VI).
La consejera ha recordado la figura de Conchita Viera y “su lucha ejemplar” por recuperar la memoria de su padre, Amado Viera, alcalde de Valencia de Alcántara represaliado por el franquismo en los años 50, como inspiradora del texto del Proyecto de Ley junto aquellas personas “que nos rogaron que la Historia no borrara sus nombres”; en ese sentido Iglesias, ha concluido que “sus nombres son hoy nuestro recuerdo”.
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