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La Diputación de Cáceres llevará a cabo un estudio utilizando Inteligencia Artificial para identificar la presencia de amianto en los edificios de los municipios

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El Pleno aprueba ayudas para abrir tiendas de alimentación en pueblos que no cuentan con ellas

CÁCERES, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves una partida de 120.000 euros que se destinarán a realizar un estudio para detectar la presencia de amianto en las construcciones de edificios públicos en municipios menores de 10.000 habitantes de la provincia, para lo que se utilizará Inteligencia Artificial (IA).

La portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, ha indicado que se trata de un primer paso para realizar un inventario que recoja todos los edificios que contienen este material que, en caso de inhalar sus fibras y partículas, puede ocasionar diferentes enfermedades respiratorias, y que fue muy usado en construcciones antiguas como las uralitas utilizadas para cerramientos de techos.

El presupuesto de la institución provincial para 2025 ha consignado una partida de 300.000 euros para realizar ese mapeo del amianto en la provincia que comenzará con la realización del citado estudio. “Vamos a arrancar ya con ese estudio previo con Inteligencia Artificial y en poblaciones, como os decía, de menos de 10.000 habitantes, y continuar con el resto del presupuesto para avanzar en toda la provincia”, ha apuntado Gutiérrez en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria.

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Gutiérrez ha explicado que, según la ley, los ayuntamientos tienen que tener un registro a nivel local de cuáles son los materiales existentes en las construcciones de la población, independientemente de las dependencias municipales, ya que la Ley 7/2022, de 8 de abril, recoge que es obligatorio retirar la uralita o cualquier material que contenga amianto cuando el material llega al final de su vida útil o está deteriorado o dañado, liberando fibras de amianto al ambiente.

“Es una ley que lo exige a nivel nacional y es un cumplimiento que tienen que dar los ayuntamientos”, ha resaltado la portavoz, que ha insistido en que este primer estudio revelará la existencia del amianto que hay en cada una de las localidades para que “luego se pueda abordar y se pueda actuar también desde los ayuntamientos o desde las distintas Administraciones o incluso el requerimiento a nivel particular”.

La etapa de la retirada del amianto vendrá después pero “primero tenemos que tener ese mapa y ese catálogo, ese registro con cuál es la existencia del amianto en cada una de las localidades para que también los propios ayuntamientos puedan priorizar en sus instalaciones y poquito a poco se irá avanzando”, ha explicado.

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TIENDAS DE ALIMENTACIÓN

Otra cuestión que también ha recibido el visto bueno en la sesión plenaria ordinaria del mes de marzo, ha sido la aprobación de subvenciones nominativas para diferentes ayudas a distintas localidades de la provincia. Entre ellas, se ha aprobado destinar 18.000 euros para incentivar la apertura de tiendas de alimentación en aquellos municipios que no cuentan con este servicio.

Entre ellos están pueblos como Berrocalejo, Villa del Rey o Herrera de Alcántara, poblaciones de menos de 250 habitantes que tienen esta necesidad, y que podrán contar con esta ayuda de la diputación cacereña para dar este servicio a la población.

“Se les han concedido esas subvenciones para que puedan poner en marcha estas tiendas de alimentación y garantizan ese servicio de cara a la ciudadanía”, ha apuntado Gutiérrez, que ha añadido que esta ayuda se le otorga al ayuntamiento para que cada uno lo emplee según las necesidades.

En algunos casos se acondicionará un local municipal o en otros se actualizará el ya existente con obras de mejora para poder montar la tienda. “Cada uno tiene sus necesidades peculiares, pero el fin y el objetivo final es que haya una tienda de alimentación en estas localidades”, ha subrayado la portavoz.

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Asimismo, una vez estas tiendas estén en marcha será el ayuntamiento el que determine si se sacan a concurso para su gestión para “impulsar el autoempleo con personas de la localidad o con alguien que quiera instalarse allí para hacerse autónomo y poderlo gestionar”. “Cada ayuntamiento decidirá cómo hacerlo y obtienen libertad total absoluta. Nosotros lo que facilitamos es el dinero para que puedan ponerlo en marcha”, ha concluido.


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