Recuerda que el 3 de abril entra en vigor la ley que obliga a buscar acuerdo antes de ir a un juez civil o mercantil
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha reconocido este miércoles que hacen falta más jueces y ha asegurado que con la implementación de los nuevos tribunales de instancia el Ministerio podrá crear más plazas para paliar esta situación “por muchísimo menos dinero”.
Así se ha pronunciado en el marco de la conferencia ‘La justicia que todos queremos: eficiente, sostenible y cercana’, celebrada en la sede del Consejo General de Economistas, en Madrid.
Olmedo ha explicado que ahora con los tribunales de instancia el Ministerio va a poder “detectar dónde están los cuellos de botella” que ralentizan el servicio público de Justicia. “A veces será en la oficina y tendremos que poner un equipo de funcionarios adicional. Pero otras veces, ya tenemos hechos esos estudios, el embudo o el colapso, está en los jueces”, ha señalado.
En este sentido, el secretario de Estado ha reconocido: “Necesitamos más jueces”. Sobre este extremo, ha apuntado que es algo de conocimiento público y “sería absurdo” solo admitir las “cosas buenas”, como el hecho de que la inversión de España en Justicia coincide con la de la media de Europa.
Sobre este punto, también ha señalado que al agrupar juzgados en tribunales de instancia se podrán “crear más plazas de juez por muchísimo menos dinero”. “O, dicho de otra manera, invirtiendo la misma cantidad, vamos a poder crear muchas plazas de juez. (…) Con un juzgado podemos crear ocho plazas de juez. Entonces, la diferencia es abismal”, ha añadido.
Olmedo ha expuesto que la justicia española acumula varios problemas, pero ha calificado de “casi endémicos” dos de ellos: la “organización desfasada en la primera instancia” y el “exceso” de litigiosidad. No obstante, se ha mostrado confiado en que la nueva ley ayudará a mejorar la situación.
LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA NO SON UN “CAMBIO DE CARTELES”
El secretario de Estado ha subrayado que dicho cambio se enmarca en “la mayor transformación de la Justicia en décadas”, como ha manifestado en ocasiones anteriores el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En concreto, en el plan de Justicia 2030 lanzado hace cinco años que incluye tres ámbitos: la de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital.
Según ha precisado, este proyecto pretende la mejora interna del servicio, la transformación de los juzgados en estructuras más modernas, la reducción de los tiempos de respuesta a la ciudadanía y la facilitación del acceso a la justicia.
Olmedo ha recordado que con la ley de eficiencia en el servicio público de justicia se cambian juzgados por los mencionados tribunales de instancia y ha insistido en que la modificación va más allá de un “cambio de carteles”. En cifras, ha apuntado que se pasa de 3.931 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia.
“Hay gente que dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Que le han cambiado el nombre, como en su día había ambulatorios y ahora hay centros de salud? (…) ¿Es cambiar los carteles simplemente? No, hay mucho detrás”, ha manifestado.
El ‘número dos’ de Justicia ha incidido en que ahora mismo en los juzgados de pequeñas provincias “el 1 trabaja de esta manera, en el 2 hacen todo telemático, en el 3 es todo presencial, en el 4 la audiencia previa va a ser telemática, pero el juicio presencial y en el 6, pues ahí depende de cómo esté”. “Esto no son formas de trabajar”, ha dicho, al tiempo que ha abogado por la unificación de procesos.
Así, ha defendido que “con esta transformación de los juzgados en tribunales de instancia” los jueces van a tener que trabajar “de manera casi colegiada” y atendidos por una misma oficina judicial.
Además, ha manifestado que también se pretende igualar los tiempos de respuesta. “Nos hemos acostumbrado a que un juzgado tarda tres meses y el otro tres años. ¿Pero admitiríamos esto en otro servicio público? ¿Admitiríamos esto en la Sanidad? Que nos dijeran: ‘bueno, ha tenido usted suerte y le ha tocado el cirujano número uno y le van a operar en 15 días’, o ‘ha tenido mala suerte y le ha tocado al cirujano número siete y usted tiene que esperarse tres años'”, ha ejemplificado.
CAMBIO EN LA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES
En el marco de su intervención, ha recordado a su vez que el próximo 3 de abril entra en vigor la parte de la ley de eficiencia del servicio público de justicia que obliga a los ciudadanos a buscar un acuerdo antes de acudir a los tribunales en casos de la jurisdicción civil o mercantil.
Olmedo ha explicado que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia contempla, con excepciones en el ámbito civil y de forma obligatoria en el ámbito mercantil, que es necesario haber “intentado” –“con sustancia, no enviar un WhatsApp a la otra parte a ver si llega”– solucionar el conflicto por los medios adecuados.
“El legislador dice que usted tiene que hacer ese intento sólido de llegar a un acuerdo, y si no llega, acude al pleito. Pero si en el pleito, una vez concluido el mismo, el juez detecta que a pesar de que tiene usted la razón y se la da, no ha hecho usted un intento previo de acudir a un método de solución alternativa… (El juez puede decir:) Mire, le voy a poner las costas, porque usted ha abusado de un servicio público como es el servicio público de justicia”, ha apuntado.
Olmedo ha incidido en que este es un “cambio fundamental” porque hasta ahora el criterio es que el que pierde el pleito tiene que pagar las costas y el que gana no.
REFUERZO A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Durante la conferencia, el secretario de Estado también ha señalado que el martes se reunión con las asociaciones de jueces y les trasladó que el Ministerio va a “poner todos los medios necesarios para que los derechos de las víctimas se sigan protegiendo y defendiendo del mismo modo”.
Las asociaciones de jueces habían manifestado de forma reiterada su preocupación por el aumento de competencias, toda vez que estos juzgados asumirán a partir de octubre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima y sus titulares habían advertido de que se produciría un “colapso total”.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó que el trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la mujer aumentaría un 12,9% de media cuando asimilaran delitos sexuales.
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