MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Europa destacó este miércoles como ejemplo de “buena práctica estatal” la suspensión de los desahucios por parte del Gobierno, en concreto durante el año 2023, y reconoció que tener hijos es un factor de riesgo “significativo” de pobreza, al tiempo que urgió a los gobiernos a “intensificar” las iniciativas para mejorar la oferta de vivienda social y “reforzar” la “protección” contra los desahucios.
Así lo refleja un análisis publicado por el Comité Europeo de Derechos Sociales centrado en el impacto de la crisis del coste de la vida en los derechos sociales en toda Europa y que ofrece un panorama “detallado” de los “retos” a los que se enfrentan los Estados para “salvaguardar los derechos consagrados en la Carta Social Europea, al tiempo que da recomendaciones a los gobiernos sobre cómo garantizar dichos derechos en situaciones donde el coste de los bienes esenciales “aumenta mucho más rápido que los ingresos familiares promedio”, según informó el Consejo de Europa en un comunicado.
En concreto, el Comité subraya que los procedimientos de desahucio y recuperación de la vivienda para inquilinos en riesgo de ser desalojados sin alojamiento alternativo se suspendieron en España a raíz de las consecuencias de la guerra en Ucrania, lo que, a su juicio, “constituye un ejemplo de buena práctica estatal”.
Junto a ello, el informe hace referencia a la política de salario mínimo interprofesional y “ajustes” salariales así como a las medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las “diversas” iniciativas para ayudar a la población a afrontar el coste de la energía y los alimentos, incluyendo los topes al alquiler o la suspensión de los desahucios durante el periodo de referencia.
El informe también señala que tener hijos es un “factor de riesgo significativo” de pobreza y/o exclusión social y que los hogares monoparentales se ven “particularmente afectados”, y resalta “varias medidas” para reducir la pobreza infantil, como la creación del Ministerio de Juventud e Infancia y la adopción del Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), que incluye objetivos para reducir la pobreza y la exclusión social entre niños, niñas y adolescentes y, según el informe, “está respaldado por un importante gasto público”.
Por último, el estudio ofrece varios ejemplos de cómo las partes interesadas, los distintos organismos estatales y la ciudadanía participan en la elaboración de políticas públicas en diferentes foros o formatos y en relación con una “amplia gama de temas” y hace mención al desarrollo de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.
RECOMENDACIONES
Por lo que se refiere al continente en su conjunto, el informe subraya cómo, a principios de 2022, la “agresión” de Rusia contra Ucrania “perturbó gravemente los mercados globales, disparando los precios de los alimentos y la energía debido a la especulación”.
“Esto contribuyó a las presiones inflacionarias en un momento en que el coste de la vida ya estaba aumentando rápidamente para los hogares”, abunda, al tiempo que recuerda que la consiguiente crisis del coste de la vida “ha afectado significativamente la vida de los europeos”.
A este respecto, advierte de que los grupos que ya estaban “desfavorecidos” en la sociedad europea, entre los que incluye a los hogares con bajos ingresos, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, “han estado en especial riesgo y se han enfrentado a un aumento de la pobreza, la exclusión social y el deterioro del nivel de vida”.
“Reconociendo la urgencia de la situación, en 2023 el Comité solicitó a todos los Estados Partes que presentaran información sobre las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis del costo de la vida”, explicó el Comité, al tiempo que detalló que, en su “examen”, ofrece “un panorama general de las respuestas de los Estados a la crisis”.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
A la luz de dicha información, entre sus directrices y recomendaciones, urge a los Estados Partes a diseñar e implementar medidas “específicas” para los grupos “más afectados” por la crisis, “considerando sus necesidades específicas”.
“El aumento de la inflación ha reducido considerablemente el valor de las prestaciones y la asistencia social, impidiendo que los beneficiarios puedan acceder a los artículos esenciales. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estas prestaciones sigan siendo adecuadas, ajustándolas para mantener el ritmo de la inflación y apoyar a los grupos más afectados”, sentencia el informe.
En paralelo, lamenta que el valor real del salario mínimo ha “disminuido” en “numerosos” países debido a la “alta” inflación, por lo que, según el Comité, “los Estados deben garantizar una remuneración justa y que los trabajadores y sus familias disfruten de un nivel de vida digno”, lo cual incluye garantizar que el salario mínimo se fije “en no menos del 60% del salario medio nacional neto”.
“El aumento del coste de la vivienda y el creciente riesgo de quedarse sin hogar son problemas críticos que enfrentan muchos europeos”, critica el Comité, que exige a los Estados “garantizar que los alquileres sean asequibles y que las prestaciones de vivienda sean adecuadas en relación con el coste de la vivienda”, consciente de que los gobiernos “deben intensificar las iniciativas para mejorar la oferta de vivienda social y reforzar la protección contra los desahucios”.
POLÍTICAS A LARGO PLAZO
Asimismo, estima que los “fuertes aumentos” de los precios de la energía y los alimentos “han afectado gravemente a los hogares, en particular a los de bajos ingresos” y llama a los gobiernos a “supervisar de cerca” los niveles de pobreza energética, brindar apoyo “específico” a los “más afectados” e implementar políticas “a largo plazo” para garantizar un acceso “estable, constante y seguro a una energía adecuada”.
En este contexto, el director general de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, Gianluca Esposito, puntualizó que “la crisis del coste de la vida afecta a innumerables personas en los Estados miembro del Consejo de Europa y sus efectos se sienten a diario”.
“Muchas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esta crisis exacerba las desigualdades sociales y socava la capacidad de las personas para ejercer sus derechos en ámbitos esenciales, como la protección social, el empleo y la vivienda y es hora de actuar para abordarla”, agregó.
Por su parte, la presidenta del Comité, Aoife Nolan, reivindicó que “respetar los derechos de la Carta en beneficio de todos impulsa la recuperación económica y la justicia social y garantizar que todas las personas en Europa disfruten de sus derechos en materia de protección social, vivienda, trabajo y educación constituye una respuesta directa y significativa contra las crecientes amenazas a la democracia, alimentadas por el temor a la disminución del nivel de vida y las oportunidades vitales”.
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