“Se nos está imponiendo un reparto que puede superar hasta en cinco veces nuestra capacidad de acogida”, ha dicho Buruaga
MEDIO CUDEYO, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria (PP) recurrirá en los tribunales el acuerdo para el reparto de menores migrantes que llegan solos a España entre las comunidades autónomas porque “desborda” las posibilidades de esta región, es “imposible” de cumplir y “pone en peligro” su red de protección de menores.
Este sistema autonómico cuenta con 212 plazas, 36 reservadas para menores extranjeros no acompañados y de las que 22 están ya ocupadas, con lo que quedarían disponibles 14, cifra muy inferior a los 170 podrían corresponder a Cantabria.
Así se desprende de estimaciones publicadas en diferentes medios tras el reparto acordado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts, plasmado en un real decreto ley y que es “absolutamente desproporcionado”, además de “perjudicial” y “altamente lesivo” para esta comunidad.
“Se nos está imponiendo un reparto que puede superar hasta en cinco veces nuestra capacidad de acogida, eso es imposible”, ha advertido este miércoles la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, para indicar que su Ejecutivo va a recurrir, “sí o sí”, el reparto, fruto de un pacto “intolerable”, tanto en las formas como en el fondo.
“Somos una comunidad autónoma seria, somos un Gobierno responsable que, obviamente cumple las leyes, aunque no las compartamos. Pero, obviamente, nos vamos a defender de este atropello con todos los medios, con todos los mecanismos que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición y en todas las instancias posibles”, ha avisado.
A preguntas de los periodistas tras una visita a la quesería Lafuente en Heras (Medio Cudeyo), Buruaga ha considerado que es “imposible explicar” que a Cataluña correspondan entre 20 y 30 menores, a País Vasco en torno a 80 ó 90, a Asturias unos 151 y a Cantabria 170, según las citadas estimaciones, y que en este último caso se precisarían 10 millones al año para su atención.
“Hoy, en las actuales circunstancias, sin medios y sin recursos adicionales, este es un reparto imposible de cumplir en nuestra comunidad autónoma. No podemos asumirlo y no podemos cumplirlo. No tenemos capacidad para acoger y para atender en condiciones dignas” a esa cifra de menores, ha insistido.
Por eso, y la espera de una comunicación oficial de los criterios de reparto, de la capacidad de acogida estimada para Cantabria y de los menores asignados, los servicios jurídicos del Ejecutivo están examinando el contenido del decreto para estudiar posibles acciones legales frente al mismo y, probablemente también, ante el acto administrativo que da pie a la distribución de los menores.
ENÉSIMA CESIÓN AL INDEPENDENTISMO
Al hilo, la jefa de los ‘populares’ cántabros y del Gobierno regional ha considerado que este asunto se basa en “lo de siempre”, en “los siete votos que le faltan a Pedro Sánchez y a su Gobierno para mantenerse en el poder”.
“Estamos ante la enésima cesión de Pedro Sánchez al independentismo”, ha sentenciado, y antes de tildar de “broma macabra” que el Gobierno central hable de “sentido de Estado” cuando toma decisiones con quienes “pretenden romper el Estado”. “Es un traje a medida que han decidido entre dos y que pretenden imponernos a todos los demás”, ha remachado.
Y ha añadido en cualquier caso que el Estado no puede “pretender quitarse un problema de en medio descargando la responsabilidad en las comunidades autónomas sin poner los recursos necesarios y suficientes y sin la financiación necesaria y suficiente”.
ATENDER HASTA LA EMANCIPACIÓN
En este punto, ha reiterado que no se trata solo de acoger, sino que hay que atender a esos menores hasta su “emancipación” y satisfacer sus necesidades, sus derechos y procurarles unas condiciones dignas, con lo que ha considerado igualmente “absolutamente inasumible e insuficiente” la cuantía barajada.
En concreto, ha trascendido la previsión de un fondo extraordinario para este año de 100 millones de euros en el Ministerio de Juventud e Infancia, y la presidenta cántabra ha cifrado en “10 millones al año” los recursos necesarios para asegurar unas “condiciones mínimas” a los 170 menores que podría tener que acoger esta región, según dichas publicaciones.
Ese montante “no son palabras menores y hacerlo en otras condiciones sería una absoluta frivolidad y una gran irresponsabilidad”, ha abundado.
“No podemos atender a 200 menores ni desde un punto de vista presupuestario ni desde un punto de vista de nuestra capacidad asistencial”, ha zanjado Buruaga.
- Te recomendamos -
