El sector se concentrará este jueves, 20 de marzo, frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en Zaragoza
ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han reclamado este martes “más plazas” y “más educadores” en los centros de protección y reforma de menores de Aragón, además de protocolos de seguridad, y han lanzado la advertencia de que “lo que ha ocurrido en Badajoz –el asesinato de una trabajadora– también puede ocurrir aquí”.
Los trabajadores se concentrarán este jueves, 20 de marzo, a las 11.30 horas, frente a la sede central del IASS, en la plaza del Pilar de Zaragoza, en memoria de la compañera asesinada en Badajoz, para reclamar un convenio autonómico y contra el cierre de centros en la Comunidad, en el marco de unas movilizaciones a nivel nacional aún por concretar.
En una rueda de prensa celebrada en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), la secretaria del Sector de Servicios Sociales de UGT Aragón, Angélica Mazo; el trabajador del centro de menores de Juslibol Hector García (CGT); y el responsable de Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Alberto Echevarría, han criticado la precariedad laboral y la falta de seguridad de las personas que trabajan en estos centros.
“Lo que ha ocurrido en Badajoz, aquí puede ocurrir en cualquier momento”, ha remarcado Angélica Mazo, quien ha asegurado que en Aragón también se dan casos de centros de menores con un solo educador. En sus palabras, falta personal, el que está trabaja “sobrecargado” y hay una infrafinanciación en un servicio externalizado “a bajo precio” en 2003 para “ahorrar costes”, que se ha convertido en un servicio “low cost”.
GOBIERNO Y EMPRESAS AHORRAN COSTES
La representante de UGT ha afirmado que el Gobierno de Aragón “se ahorra costes externalizando a bajo precio” y las entidades privadas que gestionan los centros “intentan tener mayor beneficio a costa de los trabajadores”. “Ya hemos visto sólo una persona en turnos de noche”, ha añadido, calificándolo como “algo inasumible” y que “no se debería admitir”.
En su opinión, el servicio “le está saliendo muy barato” a la Administración y es “especialmente alarmante” que la seguridad y la calidad asistencial dependan “del tema económico” en un sector como el de la protección y reforma de menores.
La situación, ha recalcado, es “insostenible”, con unos trabajadores que, desde la externalización, han perdido un 50% de su poder adquisitivo con respecto a lo que percibirían si hubieran seguido siendo empleados públicos, y “cada vez son peores las condiciones laborales”.
“No podemos normalizar que los trabajadores abandonen el sector por la peligrosidad y las condiciones laborales que existen”, ha advertido Mazo, quien ha asegurado que, de hecho, las entidades gestoras no encuentran personal. Esto, a su juicio, sólo se revierte con más recursos económicos del Gobierno autonómico y renunciando las concesionarias a tener “tantos beneficios”.
Héctor García ha señalado que trabajan con chavales que no saben gestionar emociones y que no saben reaccionar ante un desacuerdo, lo que puede derivar en amenazas o agresiones ante las que se sienten “desamparados por completo”.
De hecho, ha aseverado que, cuando suceden estos hechos, no les atienden “como es debido”. “Cuando vas a la mutua de accidentes, te dan una pastilla como mucho y, al día siguiente, a trabajar”, ha relatado.
PLANTILLAS “MUY QUEMADAS”
El representante de CGT ha indicado que en el centro en el que trabaja, el de Juslibol, hay una decena de compañeros de baja –de un total de entre 45 y 50– y que, aunque “no es tan habitual” que se dé una agresión física, sí que lo son las amenazas. La consecuencia directa de todo ello es “unas plantillas muy quemadas”. “No se cuida la plantilla”, ha lamentado.
“Desgraciadamente, la realidad nos ha dado la razón”, ha manifestado García, quien ha hecho referencia a lo sucedido en Badajoz o a “lo que pasó en Ateca con falta de titulaciones de trabajadores”, donde cinco empleados, entre ellos el director del centro, fueron detenidos por torturas, vejaciones y agresiones sexuales a menores. El caso se está instruyendo en los juzgados de Calatayud.
“Nos vemos todos reflejados en que esa situación, en nuestros centros, puede pasar en cualquier momento, porque cuando estás solo en un turno estas cosas pasan. Cuando estás pocos compañeros en un turno o se pone uno de baja y no lo sustituyen, tienes vacaciones y no lo sustituyen, por la noche estás solo y tienes que esperar a que venga el turno que entra de mañanas. En ese rato tienes que estar aguantando situaciones de todo tipo”, ha abundado.
Ha defendido que “las empresas pueden mejorar” y, de hecho, algunas de ellas, “después de mucho insistir y de muchas situaciones violentas”, han puesto a un auxiliar de noche. No obstante, son los pliegos los que marcan las condiciones mínimas y ellos mismos determinan cuando el turno es de una persona.
En cuanto al modelo, la dirigente de UGT ha reconocido que hay que revisarlo porque está “obsoleto”, pero ha reclamado que se haga contando con los educadores y no “en una oficina”. Precisamente este es uno de los principales reproches de los trabajadores, que no cuentan con ellos. “Si se pensara hacer un estudio, sería cuestión de ponerse, pero contando con todos. A los trabajadores nunca nos han preguntado directamente”, ha apuntado Héctor García.
“Lo único que se prima aquí es lo económico”, ha asegurado García, lo que, además, provoca que las empresas “pujan a la baja”, devaluando aún más el servicio. “Nunca he visto un pliego mejor que el anterior, eso nunca lo he visto en 22 años”, ha remachado. Por ejemplo, ha mencionado que el número de horas anuales trabajadas asciende a 1.722 en Aragón, mientras en la Comunidad Valenciana es de 1.470.
AUDITORÍAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Por su parte, Alberto Echevarría, de CCOO, ha solicitado también que se realicen “auditorías inmediatas” en todos los centros de menores para verificar el cumplimiento de las ratios y de la normativa, ya que “en muchas ocasiones no se llegan a cumplir ni las ratios que la normativa marca”.
En caso de que se detecte un incumplimiento, ha exigido una “reversión” de la externalización y que la Administración se haga cargo del centro “como primera responsable”.
Ha demandado también protocolos específicos “claros” sobre cómo actuar en situaciones en las que hay denuncias previas, así como un análisis “exhaustivo y riguroso” del perfil de los menores destinados a cada uno de los recursos. En caso de “indicios de irregularidades”, ha abogado por exigir “responsabilidades administrativas” a los responsables de la negligencia.
En materia de seguridad, Angélica Mazo ha agregado la petición de que los trabajadores de estos centros puedan tener “hilo directo” con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia cuando se dé “una situación de alarma”, sin tener que contactar primero con las entidades gestoras, que a veces “no están detrás del teléfono”. A ello ha sumado que los educadores puedan contar con “una zona segura en la que poder resguardarse” porque “se juegan la vida y su integridad física”.
CIERRE DE CENTROS EN ARAGÓN
Por último, los representantes sindicales han rechazado el cierre de centros en Aragón. Han informado de que se trata de dos instalaciones ubicadas en la provincia de Zaragoza, con un total de 15 plazas, una ya cerrada y la otra, próxima a cerrarse, porque la concesión concluía en marzo y el Ejecutivo autonómico no la ha prorrogado.
En ese sentido, han criticado que se opte por el cierre cuando los centros están “sobreocupados”. En total, Aragón cuenta con 25 centros, que atienden a unos 300 menores y en los que trabajan alrededor de 600 personas.
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