MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley para modificar de la Ley de Extranjería y establecer unos criterios y mecanismos de reubicación permanente de los menores migrantes no acompañados. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lo calificó de “hito” y dijo que responde a una demanda que han realizado durante “décadas” los “territorios frontera” y que se basa en los derechos humanos.
Así lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, en la que detalló las principales líneas de la modificación y pidió a Partido Popular y Vox que “reflexionen” y convaliden la iniciativa que, según el responsable de Política Territorial, implicaría a todas las regiones y afectaría a miles de menores, cifra que no detalló porque “es complicado dar el número concreto”. Lo que sí calculó el ministro es que en su Canarias natal hay unos 5.000 menores extranjeros no acompañados y que la capacidad del archipiélago serían unos 900.
Torres argumentó que esta medida ofrece “medidas urgentes” y que se trata de “un hito en defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor”. Además, responde a la demanda que llevan realizando “30 o 40 años” los “territorios frontera”.
Según explicó, la medida ha sido acordada tras el trabajo realizado entre el Ejecutivo y la Presidencia de Canarias y establece la “solidaridad equitativa”, porque el decreto de 2018 impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez “no dio resultado apetecible” y “todavía” no han llegado los menores a las comunidades “que debían acogerlos” pese a que hay acuerdos desde el año 2022.
El nuevo decreto, desglosó el ministro, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con varios “añadidos” en los que se deja margen de maniobra a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde hay representación de las comunidades autónomas para que puedan modificar el real decreto. También dijo que esos añadidos también establecen los criterios que también pueden ser modificados por la sectorial, según población, renta per cápita y tasa de paro, entre otros.
El decreto pide a las comunidades autónomas que envíe certificaciones de menores no acompañados para establecer la “capacidad ordinaria” que tiene cada región, a calcular entre la población general y el número de migrantes menores que atienden. El primer censo deberá estar listo antes de terminar este mes de marzo y luego se actualizará cada año antes del 15 de enero.
Torres también aseguró que la norma tiene “asignación económica suficiente y necesaria”, en referencia a una “bolsa” de 100 millones de euros que se destinarán a “traslados y reubicación”.
“Estamos hablando de menores, población vulnerable”, remarcó el ministro canario, pidiendo el apoyo de otros partidos políticos. “Fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores que venían de Ucrania, son los mismos menores”, continuó, pues en su opinión la única diferencia es el “color de la piel”.
CERTIFICADOS
En este contexto, el ministro también pidió “transparencia y rigor” a las comunidades autónomas cuyos presidentes “dicen que están saturados”: “Que emitan los certificados con fe pública de los funcionarios que indique cuántos menores hay en sus comunidades autónomas”. “Si no lo hacen no es verdad lo que han afirmado”, zanjó.
Este decreto se impulsa tras el acuerdo al que han llegado PSOE y Junts sobre el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, que limita según el partido catalán el número de extranjeros no acompañados destinados a Cataluña. Tras conocerse ese acuerdo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que recurrirá en los tribunales la decisión, que hace que Cataluña reciba solo 20 menores no acompañados por los 700 que recibirá la Comunidad de Madrid, cifras realizadas por Junts.
A este respecto, Torres recordó que “es un real decreto ley” y, por lo tanto, es “de obligado cumplimiento”. “Esperemos que no lleve a conflictos de carácter jurídico”, reflexionó. A renglón seguido, lamentó que la Comunidad de Madrid vaya a recurrir la iniciativa, y se preguntó sobre “qué razón hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros”. “Si esos presidentes visitan los centros de menores quizás cambiarían de opinión”, prosiguió. “En este Real Decreto no hay distribución numérica”, aclaró, a partir del cálculo realizado por Junts, y emplazó al 31 de marzo para ya tener las certificaciones de los gobiernos autonómicos para saber cuántos menores se atiende en cada región.
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